La Fiscalía General del Estado ordenó la aprehensión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, dentro de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
La resolución fiscal, fechada el 3 de noviembre de 2026 en La Paz, lleva las firmas de los fiscales Daniel Portales Barja y Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, integrantes de una comisión especializada en delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, delitos medioambientales y pérdida de dominio.
El requerimiento dispone la aprehensión de Saucedo al amparo del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Según los argumentos expuestos por los fiscales, existirían indicios para considerar al presidente del TSJ como probable autor de los hechos investigados.
La resolución menciona el artículo 48 de la Ley 1008, referido al tráfico de sustancias controladas, que contempla una pena de 10 a 25 años de presidio, además del artículo 132 bis del Código Penal, relacionado con el delito de organización criminal.
Argumentos para ordenar la aprehensión
Entre los fundamentos expuestos por la comisión fiscal se señala que Saucedo presuntamente no habría presentado documentación idónea para acreditar su domicilio y actividad laboral en territorio boliviano.
A partir de esa situación, los investigadores consideran que existiría riesgo de fuga. También advierten sobre la posibilidad de que el investigado permanezca oculto, destruya elementos de prueba o ejerza influencia sobre testigos vinculados con el caso.
Estos argumentos fueron incorporados en la resolución que dispone su aprehensión, aunque deberán ser sometidos al correspondiente control jurisdiccional.
La resolución antecedió a su salida del país
La fecha del requerimiento fiscal adquiere relevancia por su coincidencia con los acontecimientos posteriores.
El miércoles 4 de noviembre, un día después de emitida la resolución, Romer Saucedo anunció públicamente que había salido de Bolivia junto con su esposa y sus tres hijos, argumentando que su vida, libertad y la seguridad de su familia estaban en peligro.
En su pronunciamiento, denunció una supuesta persecución política y aseguró que no renunciará a su mandato como presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
La secuencia de ambos acontecimientos coloca la orden fiscal de aprehensión y la salida del país del titular del TSJ en el centro de una controversia institucional y judicial.
Un caso con repercusiones institucionales
La investigación abre interrogantes sobre el alcance del proceso penal, las circunstancias que originaron las sospechas fiscales y las garantías que deberán observarse durante su desarrollo.
Por ahora, la resolución fiscal constituye un requerimiento de aprehensión sustentado en indicios y riesgos procesales alegados por los investigadores. No representa una declaración de culpabilidad ni una sentencia condenatoria contra Saucedo.
El desarrollo de la investigación y las decisiones de las autoridades judiciales determinarán los siguientes pasos de un caso que involucra a la máxima autoridad del Órgano Judicial boliviano.
