El hurto de energía eléctrica comienza a convertirse en un problema de seguridad y pérdidas económicas para el sistema eléctrico de Santa Cruz. Las conexiones clandestinas, la manipulación de medidores y las intervenciones no autorizadas en las instalaciones eléctricas no solamente representan un perjuicio para las empresas distribuidoras, sino que también pueden poner en peligro la vida de los propios usuarios.
Uno de los casos más recientes se registró en el Condominio Asaí Norte 2, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera al norte, donde la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) detectó irregularidades en decenas de conexiones eléctricas y presentó querellas penales contra 28 titulares de cuentas.
El caso llegó a instancias policiales. El viernes 30 de octubre, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) realizaron un allanamiento en el complejo inmobiliario, durante el cual notificaron a personas identificadas en la investigación por presuntas conexiones clandestinas y hurto de electricidad.
Algunos titulares de las cuentas recibieron citaciones para prestar declaraciones dentro del proceso investigativo.
41 cuentas observadas en una inspección a 254 medidores
El procedimiento se originó durante una inspección técnica de rutina realizada por personal de CRE en el condominio. Los técnicos revisaron los 254 medidores instalados en el barrio privado y encontraron 41 cuentas con irregularidades.
De ese total, 28 titulares fueron incluidos en las querellas penales presentadas por la cooperativa el miércoles 21 de octubre ante la Felcc de la Comisaría del Distrito Policial 8.
La denuncia fue planteada por la presunta comisión del delito de atentados contra la seguridad y funcionamiento de los servicios públicos.
El operativo también dejó un saldo preocupante: tres trabajadores resultaron lesionados luego de que la manipulación irregular de un puesto de medición provocara la caída de una pilastra sobre los técnicos.
Este hecho expone otra dimensión del problema: las intervenciones clandestinas no solamente afectan el registro del consumo eléctrico, sino que pueden generar accidentes durante las tareas de inspección y mantenimiento.
¿Qué sanciones establece la ley para quienes roban electricidad?
El artículo 214 del Código Penal boliviano establece penas de dos a ocho años de privación de libertad para quienes atenten contra la seguridad o el funcionamiento de los servicios públicos, entre ellos la distribución de energía eléctrica.
A las consecuencias penales se suman las sanciones administrativas que correspondan.
Los usuarios identificados pueden enfrentar multas de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) y de CRE, además de la obligación de pagar el consumo de energía que no fue registrado por los medidores debido a las conexiones irregulares o manipulaciones detectadas.
Por tanto, el hurto de electricidad puede terminar convirtiéndose en un problema económico y judicial para los titulares de las cuentas involucradas.
Más de 1.200 procesos sancionatorios en 2026
Las cifras proporcionadas por CRE muestran que el problema no se limita a un solo condominio.
En lo que va de 2026, la cooperativa inició más de 1.200 procesos sancionatorios por conexiones antirreglamentarias o manipulación de equipos de medición.
Asimismo, sus inspectores realizaron más de 2.800 verificaciones ante sospechas de hurto de energía eléctrica en el área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra.
Otro dato que llama la atención es el relacionado con los condominios cerrados. Durante esta gestión, los operativos efectuados en cerca de 50 barrios privados permitieron iniciar más de 100 procesos contra usuarios de estos complejos inmobiliarios.
La recurrencia de estos casos llevó a la distribuidora a mantener una vigilancia especial sobre las instalaciones eléctricas de urbanizaciones y condominios, sin descartar inspecciones motivadas por denuncias ciudadanas.
Asaí Norte 1, bajo inspección
Las acciones de control continuaron el martes 3 de noviembre con inspecciones en el Condominio Asaí Norte 1.
La intervención forma parte de los controles que CRE asegura que mantendrá durante todo el año, tanto mediante cronogramas de trabajo como a partir de denuncias y sospechas de conexiones irregulares.
La cooperativa también advirtió sobre personas que ofrecen supuestos métodos para reducir el consumo eléctrico a través de redes sociales.
Detrás de algunas de estas ofertas, según la advertencia institucional, pueden existir procedimientos ilegales de manipulación de medidores o instalaciones, que exponen a los usuarios a sanciones y accidentes.
Un riesgo que va más allá de las pérdidas económicas
El hurto de electricidad tiene consecuencias que pueden alcanzar a familias enteras y a terceros que viven en los mismos edificios o condominios.
La manipulación de instalaciones eléctricas puede ocasionar:
Incendios: conexiones improvisadas y alteraciones de los sistemas de protección pueden provocar cortocircuitos y sobrecalentamientos.
Electrocuciones: la intervención de personas sin capacitación puede generar descargas eléctricas con consecuencias graves o mortales.
Daños en electrodomésticos: las alteraciones de las instalaciones pueden ocasionar variaciones eléctricas y afectar los equipos conectados.
Problemas en la calidad del servicio: las conexiones irregulares pueden perjudicar el funcionamiento y la seguridad de las redes.
Pérdidas económicas: la energía consumida y no registrada representa un perjuicio para el sistema eléctrico.
Por normativa, únicamente personal autorizado y habilitado puede intervenir en los equipos de medición.
La denuncia ciudadana como mecanismo de control
CRE habilitó canales para recibir denuncias sobre posibles conexiones clandestinas y manipulaciones de medidores. Los reportes pueden realizarse de manera anónima mediante la línea gratuita 176 o el teléfono 336 6666.
El caso de Asaí Norte 2 vuelve a poner sobre la mesa un problema que trasciende el ámbito de una cooperativa: el uso ilegal de un servicio público puede comprometer la seguridad de una comunidad.
La investigación policial deberá establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, mientras los controles técnicos de CRE buscan identificar nuevas irregularidades y evitar que las conexiones clandestinas terminen provocando accidentes de mayores consecuencias.
