La denuncia de un supuesto avasallamiento en la mina de Cerro San Simón, municipio de Baures (Beni), presentada por la empresa Eaglecrest Exploration Bolivia S.A. (EEBOL) contra un grupo liderado por Juan Carlos Contreras Fernández, fue desvirtuada tras la presentación de documentos oficiales que revelan graves irregularidades e ilegalidad en las operaciones de la compañía denunciante.
El 31 de marzo, mediante un voto resolutivo, comunidades de Cerro San Simón y otras de Baures determinaron desconocer y expulsar a EEBOL y a su representante, Carlos Gustavo Barrios de los Ríos, debido a más de diez años de incumplimientos: falta de pago de beneficios sociales, deudas salariales, ausencia de regalías mineras y, lo más grave, la contratación de extranjeros armados que atentaron contra la autoridad comunal. Este último hecho fue denunciado formalmente ante la Fiscalía de Trinidad el 11 de abril.
A ello se suman informes oficiales:
- El SENARECOM, en documento del 18 de junio, estableció que EEBOL incurrió en “enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y grave daño económico”, al omitir el pago de regalías mineras por un monto de Bs 656.109.
- La AJAM, en informe del 29 de julio, confirmó que la empresa no cuenta con derecho minero reconocido, según la base de datos de la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero.
Los empresarios afectados por la denuncia —difundida en redes sociales— señalaron además que Carlos Gustavo Barrios de los Ríos, representante de la cuestionada EEBOL, permanece recluido en la cárcel de Palmasola, acusado de estafa múltiple. Según las denuncias, Barrios habría extraído minerales y oro sin autorización legal y sin contar con los permisos correspondientes que acreditan a cualquier explotación legal. Y sin realizar los correspondientes pagos de regalías como corresponde.
Con estos antecedentes, los afectados sostienen que la denuncia de avasallamiento carece de todo sustento legal y que, por el contrario, la firma EAGLECREST EXPLORATION BOLVIA S.A. (EEBOL) y Barrios de los Ríos enfrentan procesos administrativos y judiciales por incumplimientos contractuales y por perjuicio económico al Estado boliviano.
