Se cumplieron los primeros tres de paro en el que participan que participaron sectores como el gremial, transportes, médicos, cívicos y organizaciones políticas en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y se abre la posibilidad de un acercamiento entre los sectores gremiales y las autoridades gubernamentales.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó este miércoles que la Asamblea Legislativa Plurinacional está a la espera de recibir las sugerencias de cambio a la Ley 1386 de parte de los sectores movilizados, que demandan la abrogación de la norma.
“El presidente de la Cámara de Diputados ya ha hecho una invitación y también ha reiterado esa invitación a los sectores para que puedan venir a la Asamblea Legislativa a plantear sus sugerencias de cambio sobre la Ley 1386, ya que hasta ahora no han enviado ese tipo de sugerencias y solicitudes”, señaló el ministro.
Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, remarcó que el paro y la protesta es para que abroguen las leyes que afectan a la ciudadanía. “Los policías y militares están ganando prado arremetiendo contra el pueblo, no nos vamos a cansar la libertad y la democracia no se negocia, como tampoco se negocia la abrogación de las leyes y los dos tercios en la Asamblea Legislativa”, señaló el líder cívico
EL PRESIDENTE ACUSA
El presidente Luis Arce acusó a la oposición de “mentir todo el tiempo” con el hecho de que se pretenda afectar a la ciudadanía con las leyes que se aprueben desde su administración. Afirmó además que no permitirá que pase como en la crisis de 2019.
El mandatario negó que desde su administración se busque afectar a la ciudadanía a la propiedad privada de los “más humildes” con la norma en cuestión. “Un hermano gremial que vende ahí sus dulces, ¿Creen que vamos a ir afectarle, creen que vamos a decir por qué se ha hecho millonario? No, hermanos, no es verdad eso; hay que ser loco para pensar que nuestro Gobierno va a ir a afectar a los más pobres, a los más humildes, pero la derecha engaña, la derecha miente todo el tiempo, miente, porque no tiene argumentos”, sostuvo.
De abrogarse la Ley 1386, dijo que la oposición luego buscará ir en contra de otras leyes y hasta incluso, la misma Constitución Política del Estado. En su criterio, eso no es lo que realmente le interese, sino los procesos que se llevan adelante por la crisis generada en 2019.
PLANTEA ABRIR DIÁLOGO
Diego Plá, secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), lamentó la violencia registrada en territorio nacional durante los últimos días en rechazo a la a Ley 1386 y exhortó al diálogo. Expreso su pesar por el fallecimiento de un joven en Potosí en medio de las protestas.
“Lamentamos que haya un fallecimiento en Potosí, lo Obispos siempre están pidiendo que haya la posibilidad de sentarse a dialogar, creemos que la violencia no es el camino”, dijo en conferencia de prensa desde la Arquidiócesis de Cochabamba.
El religioso exhortó a deponer actitudes y entablar el diálogo entre el Gobierno y los sectores que piden la abrogación de la ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, considerada atentatoria a los derechos de la población.
“Dios quiera que no haya más derramamiento de sangre; nuestra posición es invitar a ambas partes a que se sienten a dialogar, que no hayan posturas de enfrentamiento y tengamos que lamentar más muertes, ustedes saben que cada vida humana es única e irrepetible, que se privilegie el diálogo, exponer ideas y llegar a acuerdos, no optar por la violencia y enfrentamiento”, dijo a tiempo de reiterar que la Iglesia siempre tendrá una posición de facilitadora, siempre y cuando ambas partes lo soliciten.
COOPERATIVISTAS MARCHARÁN
Cooperativistas mineros en Potosí, tras una reunión de presidentes, analizaron los últimos acontecimientos de las últimas horas con agresiones “cometidas por el Movimiento Al socialismo” en contra de la población potosina, en particular mujeres y adultos mayores que bloqueaban pacíficamente.
Responsabilizaron al gobernador Jhonny Mamani por la violencia entre citadinos y campesinos porque “como primera autoridad podía tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar esos actos vandálicos en los que han incurrido algunos grupos violentos que han sido conformados”, según el periódico El Potosí
Cuestionan a la Policía por resguardar a los campesinos agresores y no así de la población potosina, permitiendo que se realicen actos de agresión al pueblo potosino sin brindar la debida protección.
(AGENCIAS Y URBE.BO)
