El Gobierno de Rodrigo Paz tomó una de las decisiones económicas más sensibles de su gestión: eliminar la subvención al diésel y establecer un precio de Bs 17,95 por litro, frente a los Bs 9,80 que regían anteriormente. Desde ahora, el valor estará vinculado al costo internacional de importación y podrá subir o bajar según el comportamiento del mercado externo.
La medida cambia de manera profunda el esquema energético boliviano. Durante años, el Estado absorbió una parte importante de la diferencia entre el costo de importar combustibles y el precio interno. Ahora, una parte significativa de ese costo pasará directamente a consumidores, transportistas, productores e industrias.
El Gobierno sostiene que el sistema anterior era financieramente insostenible. El presidente Paz calcula que la subvención representa alrededor de $us 55 millones por semana, equivalentes a más de $us 2.600 millones anuales. El Ejecutivo plantea redireccionar esos recursos hacia inversión, infraestructura y medidas de protección social.
Sube el costo de mover Bolivia
El diésel no es solamente un combustible para vehículos. Es un insumo transversal para la economía. Camiones, maquinaria agrícola, equipos de construcción, transporte pesado, minería, industria y buena parte de la logística dependen de este carburante.
Por eso, el impacto puede aparecer en cadena:
diésel más caro → transporte más caro → logística más cara → mayores costos de producción → presión sobre los precios finales.
El primer sector en sentir el golpe será el transporte de carga. Después, el efecto puede trasladarse hacia alimentos, materiales de construcción, servicios y productos industriales.
La magnitud final dependerá de cuánto del incremento sea absorbido por las empresas y cuánto sea trasladado al consumidor.
El agro queda en el centro del impacto
Para Bolivia, y particularmente para Santa Cruz, este punto es estratégico. La producción agrícola utiliza diésel para preparación de suelos, siembra, cosecha, transporte y almacenamiento. Un incremento cercano al 83% en el precio oficial del combustible modifica directamente la estructura de costos.
Esto puede presionar los márgenes de productores y elevar el costo de llevar alimentos desde las zonas productivas hasta los mercados.
En el corto plazo, el escenario más probable es una recomposición de costos. En el mediano plazo, la discusión será si el sector productivo logra trasladar parte de ese incremento al precio final o si debe absorberlo reduciendo márgenes.
¿Habrá inflación?
Este es uno de los principales riesgos. El aumento del diésel no significa automáticamente que todos los precios subirán en la misma proporción. Sin embargo, sí crea una presión inflacionaria porque afecta simultáneamente transporte, producción y distribución.
El economista Fernando Romero, citado en el análisis proporcionado, advierte que el ajuste puede generar presión sobre alimentos, transporte y otros bienes, con efectos sobre el empleo, el ingreso real y la actividad económica.
El desafío será impedir que una medida destinada a corregir una distorsión fiscal termine generando una segunda ronda de aumentos generalizados.
El argumento del Gobierno: recuperar recursos
Aquí aparece la otra cara del ajuste. Si el Estado deja de destinar alrededor de $us 55 millones semanales a la subvención, se libera un volumen importante de recursos fiscales y de divisas.
El Gobierno anunció que esos recursos serán destinados a infraestructura, servicios públicos, bonos y créditos. Entre las medidas anunciadas están Bs 874 millones para el Bono PEPE II, créditos de hasta Bs 800 millones para sectores productivos y un incremento del Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300.
La pregunta económica central será, por tanto, qué proporción del ahorro realmente se convierte en inversión, protección social y mayor disponibilidad de divisas.
Si el ahorro se traduce en mejores servicios, inversión productiva y mayor estabilidad del abastecimiento, el ajuste podría contribuir a ordenar las cuentas públicas.
Si, por el contrario, el ahorro fiscal no logra convertirse rápidamente en mayor oferta de combustible, inversión y protección de los hogares, el costo social del ajuste puede ser más visible que sus beneficios fiscales inmediatos.
El abastecimiento será la prueba decisiva
La eliminación de la subvención tiene otro objetivo: garantizar que exista combustible disponible.
El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá asegurar diésel de manera permanente y reducir los incentivos al contrabando y al desvío de carburantes.
Pero aquí estará uno de los principales indicadores para medir el resultado de la reforma:
¿Habrá combustible suficiente, aunque sea más caro?
Para productores y transportistas, tener un diésel más costoso pero disponible puede ser diferente a enfrentar un combustible barato pero escaso.
La nueva ecuación: importar, refinar y producir
El Gobierno está intentando cambiar también la estructura de abastecimiento.
El Decreto Supremo 5701 autorizó excepcionalmente a las refinerías Gualberto Villarroel, en Cochabamba, y Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz, a importar petróleo crudo, procesarlo y comercializar sus derivados a precios de mercado y sin subvención estatal.
Esta estrategia busca reducir la dependencia de la importación directa de combustibles terminados y aprovechar la capacidad instalada de refinación.
Si el esquema funciona, Bolivia podría sustituir una parte de la importación de derivados por importación de crudo y procesamiento nacional.
Eso podría reducir determinados costos logísticos y mejorar la seguridad de abastecimiento, aunque requerirá disponibilidad de crudo, divisas, capacidad operativa y eficiencia en las refinerías.
El segundo capítulo: la gasolina
El Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de avanzar también hacia un esquema sin subvención para la gasolina.
Ese escenario tendría una repercusión todavía más amplia porque la gasolina tiene un peso mayor en el transporte liviano y en la movilidad cotidiana.
Por eso, el comportamiento del diésel durante las próximas semanas será observado como una especie de prueba piloto del nuevo modelo de precios de combustibles.
Tres escenarios para Bolivia
Ajuste controlado
El Gobierno consigue garantizar abastecimiento, utiliza parte del ahorro en medidas sociales y productivas y logra contener la segunda ronda de aumentos.
En este escenario, la economía soportaría un shock inicial, pero podría avanzar hacia un sistema de precios más cercano al costo real de los combustibles.
Inflación por costos
El aumento del diésel se traslada progresivamente a transporte, alimentos, construcción y servicios.
El resultado sería una reducción del poder adquisitivo y mayor presión sobre hogares y empresas, especialmente aquellas con menor capacidad para absorber el incremento.
Reordenamiento productivo
Los sectores económicos aceleran inversiones en eficiencia energética, logística, maquinaria y fuentes alternativas, mientras el Estado utiliza el ahorro de la subvención para infraestructura y producción.
Este escenario dependerá menos del precio inicial del diésel y más de lo que ocurra con los recursos que anteriormente financiaban la subvención.
El verdadero examen comienza ahora
El “dieselazo” no termina con el cambio de precio.
Ahí comienza la verdadera prueba.
El Gobierno deberá demostrar que el ahorro fiscal se convierte en abastecimiento, inversión, producción y protección social.
Los productores deberán enfrentar una nueva estructura de costos. Los transportistas deberán reajustar sus operaciones. Las empresas tendrán que revisar sus márgenes y eficiencia logística.
Y las familias enfrentarán la pregunta más sensible: ¿cuánto del costo del ajuste terminará llegando a su bolsillo?
Bolivia cambia así de modelo: de un combustible subsidiado y artificialmente barato a un precio vinculado al mercado internacional.
El éxito o fracaso económico de la medida no se medirá solamente por cuánto dinero deje de gastar el Estado.
Se medirá por si Bolivia consigue combustible disponible, estabilidad de precios, mayor producción y una economía capaz de absorber el shock sin profundizar la pérdida del poder adquisitivo y la recesión.
El dato que marcará las próximas semanas será sencillo de observar: precio del diésel, disponibilidad en surtidores, costo del transporte y evolución de los precios de los alimentos. Ahí estará la verdadera factura del dieselazo.
Fuentes clave: Ministerio de Hidrocarburos y Energías, YPFB y reportes recientes de EFE, Reuters y AP.
