En Bolivia, cada decisión sobre hidrocarburos deja de ser técnica para convertirse en política. El proyecto exploratorio Domo Oso X3, ubicado en Tarija y con un potencial estimado de 2,8 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas, es hoy el nuevo epicentro de esa tensión histórica: la necesidad de sostener la economía frente al desafío de preservar territorios ambientalmente sensibles.
El presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, ha optado por una narrativa clara: tranquilidad técnica frente al temor social. Según su explicación, el proyecto no afectará la Reserva de Tariquía, un argumento respaldado —dice— por inspecciones en campo, audiencias públicas y la participación de instituciones del Estado. La imagen que intenta construir es la de una operación controlada, regulada y, sobre todo, compatible con el entorno.
Pero en Bolivia, la confianza no se decreta; se construye. Y en territorios como Tariquía, donde la memoria ambiental está marcada por conflictos previos, cada intervención estatal es observada con escepticismo. No es solo un debate sobre impacto ecológico, sino sobre credibilidad institucional.
El dato de fondo es otro: Bolivia enfrenta una declinación sostenida de sus reservas de gas. La advertencia de Akly no es menor cuando afirma que el país no quiere “pasar a depender de terceros”. Es, en esencia, una confesión estratégica: el modelo energético boliviano —basado en exportación de gas— está en un punto de inflexión.
En ese contexto, Domo Oso X3 deja de ser un proyecto aislado para convertirse en una pieza clave de supervivencia económica. La caída de mercados como Argentina y la necesidad de sostener la relación con Brasil presionan al Estado a reactivar la exploración. La ecuación es directa: sin nuevas reservas, no hay ingresos; sin ingresos, el Estado pierde capacidad de sostener políticas públicas.
El presidente Rodrigo Paz Pereira lo planteó sin rodeos: el país no puede seguir postergando decisiones estructurales. Su declaración introduce un elemento adicional al debate: la responsabilidad política acumulada. “En los últimos 20 años no se han hecho las tareas”, dijo, abriendo implícitamente un juicio sobre la gestión energética de largo plazo.
Sin embargo, el caso no se resolverá únicamente en el terreno técnico ni en el discurso político. El juzgado agroambiental de Entre Ríos será el primer filtro institucional real, al evaluar los resultados de la inspección y los testimonios recogidos en comunidades como Saicán y Chiquiacá. Allí se medirá algo más que impactos: se pondrá a prueba la capacidad del Estado de equilibrar desarrollo y legitimidad social.
El detalle observado por el juez —“el monte permanece alto”— puede parecer menor, pero en este tipo de procesos adquiere valor simbólico: es la evidencia directa frente al discurso. En Bolivia, donde la disputa por los recursos naturales ha sido históricamente conflictiva, lo que se ve pesa tanto como lo que se promete.
Domo Oso X3 sintetiza así una encrucijada nacional: apostar por reactivar la economía hidrocarburífera o abrir paso a un nuevo modelo energético. Lo que está en juego no es solo un proyecto, sino la dirección estratégica del país.
Porque al final, más allá de informes técnicos y audiencias judiciales, la pregunta es inevitable: ¿puede Bolivia seguir dependiendo del gas sin repetir los errores del pasado? La respuesta, como casi siempre en este país, no será únicamente económica ni ambiental. Será profundamente política.
