Venezuela ha iniciado este jueves, en un momento de máxima debilidad, la liberación de los presos políticos más emblemáticos del régimen. Ha sido el giro más importante desde la captura por parte de Estados Unidos, en la madrugada del 3 de enero, del presidente Nicolás Maduro, detenido ahora en una cárcel de Nueva York bajo cargos de terrorismo y narcotráfico. La excarcelación de opositores al régimen chavista era una de las principales demandas de la comunidad internacional, aunque el presidente Donald Trump no hizo hasta ahora mención alguna sobre el asunto, y las organizaciones de derechos humanos venezolanas.
El Gobierno de Delcy Rodríguez no precisó el número de liberados ni los nombres, pero ha sido evidente con el avance de las horas que la magnitud de la medida superaba con amplitud a anteriores excarcelaciones. En el listado de liberados hay figuras tan relevantes como la hispano-venezolana Rocío San Miguel, una prestigiosa analista acusada sin pruebas de conspirar para asesinar al presidente, y otros cuatro ciudadanos españoles. En tanto que familia del excandidato presidencial Enrique Márquez esperaba su salida de prisión. A media tarde, las organizaciones de derechos humanos que siguen el derrotero de los presos políticos, como Foro Penal, solo habían logrado confirmar la excarcelación de cinco personas.
El anuncio del inicio de las liberaciones estuvo en boca del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Son, dijo, “un gesto unilateral [de Venezuela] para afianzar” la “decisión inquebrantable de consolidar la paz” en el país y “la connivencia pacífica”, sin distinción de ideología o religión. El diputado, hermano de la presidenta interina, agradeció especialmente la mediación en la crisis venezolana del expresidente de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el Gobierno de Qatar.
Rocío San Miguel, venezolana de padres españoles, estaba presa en la cárcel El Helicoide desde febrero de 2024 tras ser detenida junto a su hija en el aeropuerto cuando se disponía a viajar a Miami. Días después de su captura, el fiscal general, Tarek William Saab, la acusó de estar involucrada en la operación Brazalete Blanco, un presunto plan conspirativo denunciado por la alta jerarquía chavista. Según su familia, San Miguel viajará a España en breve.
Márquez, por su parte, lleva preso desde enero del año pasado. Fue candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio de 2024 en representación de un pequeño partido opositor, Centrados. Entre 2020 y 2023 encabezó el cuerpo de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) como parte de un pacto político logrado entre sectores de la oposición y el chavismo de cara a los ciclos electorales de esos años.
Los españoles liberados junto con San Miguel son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe, según han confirmado a EL PAÍS fuentes diplomáticas. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado que se trata de un “gran primer paso”.
A falta de datos oficiales precisos, las organizaciones venezolanas de derechos humanos intentaban confirmar si entre los excarcelados había otras figuras clave de la oposición, como Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia; el abogado Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia; Ronald Carreño, periodista y miembro de Voluntad Popular; o el activista Jesús Armas.
El Gobierno bolivariano ha presentado las liberaciones como una decisión ajena a la presión extraordinaria que recibe por parte de Estados Unidos desde la captura de Maduro. Trump ya había dejado claro que el arresto del presidente venezolano por presunto terrorismo y narcotráfico era solo el primer paso de una estrategia mucho más amplia de supervisión política y control de su industria petrolera venezolana. “Yo estoy al mando de Venezuela”, dijo el republicano día atrás, al tiempo que anunciaba que mantendría en el poder al Delcy Rodríguez mientras su Gobierno atendiese las directivas de Washington.
La presidenta Rodríguez ya había dado muestras de hasta donde estaba dispuesta a ceder a la presión. Durante una reunión con diputados de la nueva Asamblea en el Palacio de Miraflores, dijo que no era “extraordinario” que hubiese relaciones económicas entre Venezuela y Estados Unidos. Al fin y al cabo, argumentó, el país debe tenerlas “con todos los países del hemisferio”. Horas antes de esas declaraciones, Trump había anunciado que Caracas entregaría a Estados Unidos para su comercialización “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleosancionado”, esto es, que antes iban a para sobre todo a China.
Es en este marco que se produjo la última liberación de presos políticos: un escenario condicionado por las normas de buen comportamiento que la Administración republicana le exige al chavismo a cambio de mantenerlo con vida.
En Venezuela había, hasta este jueves, más de 820 presos políticos, la cifra más alta de todo el hemisferio, de acuerdo a Foro Penal. De ellos, 89 eran extranjeros (sumando venezolanos con dos nacionalidades). El director de la organización, Alfredo Romero, celebró las liberaciones, pero pidió “a las personas que controlan el poder que publiquen una lista de los encarcelados”. “Esperemos que esto efectivamente sea el comienzo del desmantelamiento del sistema represivo en Venezuela”, dijo en un video subido a sus redes sociales.
Otras organizaciones, como Justicia, Encuentro y Perdón, cifraban en más de 1.000 los detenidos por cuestiones políticas, muchos de ellos arrestados luego de las protestas que cuestionaron el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. El pasado mes de diciembre, el Gobierno había autorizado la excarcelación de 180 prisioneros.
No queda claro si estas medidas que excarcelación suponen la libertad plena de los presos políticos o si se les aplicará restricciones, como un régimen periódico de presentación ante los tribunales o la prohibición de salida del país, como ha sucedido con casi todos los casos anunciados en el pasado. En cualquier caso, las organizaciones civiles vinculadas a la defensa de los derechos humanos exigen una amnistía general ante lo que consideran arrestos “arbitrarios e injustificados”.
Aunque Hugo Chávez tuvo presos políticos, como el comisario Iván Simonovis —exiliado luego de escapar del arresto domiciliario— o la jueza Lourdes Afiuni, los calabozos venezolanos se llenaron de presos políticos en la última década, la de mayores fricciones políticas durante el Gobierno de Maduro. /ElPaís/
