El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira amplió de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el límite de recursos que el Tesoro General de la Nación (TGN) podrá asignar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir el diferencial generado por la importación de combustibles, en una medida orientada a reforzar el abastecimiento de diésel y gasolina en el país.
La disposición está contenida en el Decreto Supremo N.º 5683, que modifica el Decreto Supremo N.º 5652, del 9 de julio de 2026. La nueva norma eleva hasta Bs 2.000 millones el monto autorizado para atender la diferencia entre los costos de importación y el precio preterminal o precio de paridad de importación.
El objetivo central es que YPFB cuente con mayor respaldo financiero para sostener la importación de combustibles, en un contexto de presión sobre el suministro y de necesidad de mantener medidas de estabilización de los precios de los derivados del petróleo.
El decreto establece que el incremento de recursos se realiza “en el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos y la ampliación del periodo transitorio para los precios de los productos derivados del petróleo y Petróleo Crudo”.
Una señal de alivio para el abastecimiento
La ampliación del techo financiero representa, en términos prácticos, una mayor capacidad del Estado para cubrir el costo de importar combustibles y evitar que las restricciones financieras de YPFB se traduzcan en problemas de suministro.
El Gobierno busca así fortalecer la disponibilidad de recursos para las operaciones de importación, con la expectativa de contribuir a una normalización progresiva del abastecimiento y reducir las dificultades que enfrentan transportistas, productores, empresas y consumidores.
La medida no implica, por sí misma, una transferencia inmediata de Bs 2.000 millones, sino que duplica hasta ese monto el límite máximo autorizado para que el TGN pueda asignar recursos a YPFB bajo el mecanismo establecido por la normativa.
En medio de la actual coyuntura económica, marcada por la necesidad de garantizar combustibles y sostener la actividad productiva, el Ejecutivo apuesta a que este respaldo financiero permita dar mayor continuidad a las importaciones y aliviar la presión sobre el mercado interno de carburantes.
