A diez días de la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre, altas autoridades del Ejecutivo sumaron sus voces de respaldo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y alertaron sobre las implicancias políticas del proyecto de ley propuesto por el senador Pedro Benjamín Vargas para suspender a los vocales del Órgano Electoral.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que detrás de esta iniciativa legislativa se esconde la intención no solo de prorrogar mandatos de los asambleístas, sino también de reconfigurar el escenario político nacional, abriendo paso a actores actualmente inhabilitados.
“Atrás de esto hay la intención de que se vuelvan a realizar otras elecciones, lo que daría paso a una reorganización de fuerzas políticas, permitiendo el ingreso de nuevos candidatos, incluso de personas inhabilitadas como Evo Morales, lo cual hemos estado denunciando desde hace tiempo”, afirmó a la red PAT.
Prada remarcó que el Ejecutivo ha sido claro al considerar que la responsabilidad de designar a los candidatos para las elecciones judiciales recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa, y llamó a las autoridades de todos los órganos del Estado a actuar con responsabilidad y garantizar la realización del balotaje.
“Nuestra principal responsabilidad en este momento es velar porque se lleven adelante las elecciones del 19 de octubre con la mayor certidumbre y tranquilidad para el pueblo boliviano”, sostuvo.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, expresó su preocupación ante lo que calificó como un intento coordinado desde el Órgano Legislativo para desestabilizar el proceso electoral.
“Hemos realizado una evaluación de la coyuntura política y hemos llegado a la conclusión de que se está gestando un golpe a la democracia desde la Asamblea Legislativa. Es algo que nos preocupa profundamente”, declaró a Bolivisión.
Novillo fue más allá al denunciar públicamente, en nombre del presidente Arce, que existe una maniobra para interrumpir el proceso democrático, impulsada no solo por el ala evista del MAS, sino también por fuerzas políticas que perdieron en la primera vuelta.
“Es totalmente maquiavélico que, a pocos días de las elecciones, se proponga una ley con dispensación de trámite para cesar a los vocales del TSE. Esto no cabe ni en el sentido común”, aseveró.
El miércoles, el presidente Luis Arce denunció que desde la Asamblea se busca impedir el balotaje mediante una serie de acciones que incluyen la suspensión de los vocales electorales, la conformación de una nueva directiva en la Cámara de Diputados y la investigación de un presunto fraude en la primera vuelta del 17 de agosto.
Ante este panorama, Arce hizo un llamado al TSE para convocar a un encuentro entre los cuatro órganos del Estado y el Ministerio Público, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y preservar el derecho ciudadano a elegir a sus autoridades.
Desde el TSE, el vocal Gustavo Ávila ya había advertido que el proyecto del senador Pedro Benjamín Vargas representa, aunque fue retirado para su tratamiento, un intento directo de suspender la segunda vuelta, deslegitimar el proceso electoral y dañar la institucionalidad democrática del país.
“Pero no vamos a permitir que se interrumpa el proceso electoral”, aseguró el funcionario. /ABI/
