El nuevo liderazgo económico en Bolivia ha dejado en claro que el país ingresará en una etapa de transformaciones profundas y aceleradas. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, sostiene que la economía nacional “va a cambiar significativamente” en un plazo de 6 a 7 meses, con un programa de estabilización que combina disciplina fiscal, participación privada y una reestructuración institucional sin precedentes.
Las decisiones y el diagnóstico que expone revelan un cambio de modelo y una ruptura explícita con la gestión económica previa.
Espinoza plantea una transición rápida hacia un esquema económico más abierto y con menos intervención estatal directa. Entre las primeras medidas estratégicas se encuentran:
Apertura a la inversión privada
- YPFB dará paso al sector privado para la importación de combustibles, con el objetivo de reducir la presión sobre las reservas internacionales y preservar divisas en el Banco Central de Bolivia (BCB).
- Ende dejará de monopolizar la generación eléctrica, permitiendo que operadores privados participen en la oferta.
La meta es aliviar el peso fiscal de la subvención y mejorar la eficiencia en el abastecimiento de energía e hidrocarburos.
El Gobierno anuncia el fin del modelo de intervención directa en mercados clave. Sin embargo, Espinoza aclara que esta apertura irá acompañada de un esquema regulatorio que evite abusos y garantice estabilidad de precios.
Prioridad: inflación y poder adquisitivo
El ministro enfatiza que la principal tarea inmediata es contener la inflación y preservar el poder adquisitivo. Para ello, el programa se ancla en dos pilares:
- Disciplina monetaria, a cargo del BCB, evitando expansión monetaria sin respaldo.
- Disciplina fiscal, bajo el principio de que “no gastamos más de lo que tenemos”.
Esto supone un giro respecto a años de déficit sostenido, gasto expansivo y fuerte intervención estatal.
La “cloaca” institucional y el Estado en crisis
La visión del Gobierno sobre la herencia institucional es extremadamente crítica.
El presidente Rodrigo Paz calificó lo encontrado como una “cloaca de dimensiones extraordinarias”, mientras Espinoza describió un panorama de Tesoro ilíquido, instituciones desbordadas y corrupción arraigada.
Para el ministro, la tarea inmediata incluye:
- “Limpiar absolutamente todo”, conservando lo poco que funcione.
- Reestructurar los sistemas administrativos y financieros.
- Recuperar documentación, información y trazabilidad de procesos públicos.
Este diagnóstico se convierte en el justificativo político para el ajuste y la austeridad.
El fin del 6.96
Uno de los anuncios más sensibles es el reconocimiento de que el tipo de cambio no volverá al nivel oficial de Bs 6.96 por dólar.
Espinoza sostiene que:
- Las condiciones macroeconómicas cambiaron profundamente.
- Intentar fijar nuevamente ese tipo de cambio generaría “una situación tan compleja como la actual”.
El mercado paralelo, que había escalado hasta Bs 19, cayó en los últimos días, pero el ministro advierte que el país debe convivir con un esquema cambiario distinto, más flexible y más cercano a la realidad del mercado.
No más subvención “ciega” a los hidrocarburos
La subvención a los combustibles —uno de los mayores gastos del Estado, equivalente a 8% del PIB— será redefinida.
El ministro plantea dos posibles caminos:
- Subvención focalizada al transporte público, o
- Un subsidio directo a las personas para que cubran su transporte.
Lo que se descarta es mantener el actual esquema, que subsidia por igual a todos los sectores y distorsiona los precios internos de la energía.
Espinoza insiste en que cualquier nivelación deberá:
- Remunerar los costos reales.
- Considerar compensaciones sociales para evitar impactos abruptos.
Giro hacia la austeridad
El Gobierno modificará la Ley del Presupuesto 2026 para que el Estado empiece el próximo año bajo un criterio de austeridad.
Espinoza anuncia:
- Límites estrictos a los gastos corrientes.
- Reducción del tamaño del aparato estatal, que considera sobredimensionado.
- Proceso de revisión presupuestaria entre febrero y marzo de 2026.
El objetivo es recortar estructura administrativa y direccionar los recursos hacia áreas prioritarias.
Las decisiones planteadas por Gabriel Espinoza configuran un viraje estructural en la política económica boliviana.
La apertura al sector privado, la disciplina fiscal, la flexibilización cambiaria y la eliminación gradual de la subvención universal a los combustibles indican un tránsito hacia un modelo más equilibrado, pero también más exigente para el Estado y la población.
El principal desafío será ejecutar estos ajustes sin desestabilizar el tejido social, manteniendo controlada la inflación y recuperando la confianza perdida en las instituciones públicas.
FUENTE: Declaraciones públicas de Gabriel Espinoza
