Así lo resolvió la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz ante un amparo presentado por Vicente Cuéllar y Reineiro Vargas, rector y vicerrector de la Unidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).
“Lamentablemente tenemos que seguir siendo sometidos a esta persecución política, un juez que tiene como 20 denuncias de corrupción y aspira a ser magistrado al Tribunal Constitucional va a seguir llevando la causa en este caso absurdo sólo por exigir censo, un derecho que nos asiste a todos los bolivianos”, señaló Cuéllar al confirmar el fallo del tribunal.
Para las autoridades de la universidad pública cruceña, toda persona tiene derecho a ser procesada donde supuestamente ocurrieron los hechos, donde vive y trabaja. “Seguimos siendo víctimas de persecución política por parte del Gobierno, solo por exigir Censo, el cual ya se realizó, por lo tanto, nuestro reclamo no es ilegal”, remarcó el rector.
Entre los acusados se encuentran figuras como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, el vicerrector Reinerio Vargas y el exlíder cívico, Rómulo Calvo. Vargas ha señalado que esta decisión evidencia un “sometimiento de la justicia” ante el gobierno, expresando su preocupación por el desarrollo del proceso judicial.
A los procesados los investigan por 10 delitos, entre ellos el atentado contra el presidente y otros dignatarios del Estado, violencia contra la mujer, asociación delictuosa y terrorismo, supuestamente cometidos durante los 36 días de paro del año 2023.
La denuncia en este caso fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022.
