Los abogados defensores de Angélica Sosa, Joel Bravo y Jerjes Justiniano, en los últimos días han señalado que hubo un pacto de gobernabilidad entre Santa Cruz Para Todos (SPT) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) por lo cual consideran que el alcalde Jhonny Fernández debe ser también procesado en el caso de los ítems fantasmas.
Sin embargo, desde la UCS recuerdan que cuando Jhonny Fernández era concejal los de SPT, liderada por Sosa, lo hicieron suspender en 2015 con el Tribunal Departamental de justicia (TDJ) de Santa Cruz porque supuestamente no tener la solvencia fiscal, requisito para ejercer un cargo público.
En enero de 2017, el entonces presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Osvaldo Valencia, informó que se emitió una resolución en la que ordena habilitar a Johnny Fernández como concejal en el municipio de Santa Cruz.
El tribuno indicó esa oportunidad que se revisó la jurisprudencia y determinó devolverle su derecho constitucional para ejercer el cargo público.
HIZO VARIAS DENUNCIAS SIENDO CONCEJAL
También recordaron que cuando Johnny Fernández era concejal denunció la compra de balizas (señalizadores de tráfico vehicular) por parte del gobierno municipal con sobreprecio.
Igual denunció la compra de bandas distintivas para el Concejo Municipal en 2016. Se adquirieron 44 bandas (dos por concejal) a un precio de Bs 795,45, aunque los documentos publicados en el Sicoes indicaban que en realidad fueron 25 bandas por un precio de Bs 1.400 cada una.
En UCS indicaron que otras de las denuncias hecha por el concejal Fernández fue la compra de los terrenos para el nuevo vertedero supuestamente con sobreprecio.
