El expresidente Evo Morales lanzó una batería de cuestionamientos contra la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira, a la que acusó de aplicar políticas económicas perjudiciales y de encubrir presuntas irregularidades vinculadas a seguridad, manejo de recursos públicos y control estatal.
A través de sus redes sociales, Morales calificó al actual Ejecutivo con una serie de términos críticos y sostuvo que el Gobierno estaría ejecutando un impuesto del 5% que —según afirmó— afecta a gremiales y pequeños comerciantes, mientras favorecería a sectores con mayores ingresos mediante condonaciones tributarias.
En el ámbito económico, cuestionó decisiones sobre la circulación de determinadas series de billetes, señalando que dichas medidas habrían generado confusión en mercados y actividades comerciales durante el fin de semana. También criticó la política fiscal y el manejo del endeudamiento público, asegurando que la administración actual “gobierna con decretos” y vulnera principios constitucionales.
Morales vinculó además al Gobierno con presuntos casos de narcotráfico y uso irregular de aeronaves estatales, mencionando denuncias sobre avionetas interceptadas en países vecinos y el supuesto traslado de cargamentos ilícitos. En esa línea, pidió esclarecer versiones relacionadas con equipajes y dinero transportado en vuelos oficiales.
El exmandatario también cuestionó la relación del Ejecutivo con la prensa y las redes sociales, denunciando —sin presentar pruebas en su publicación— la existencia de mecanismos de control y censura, así como el uso de asesores extranjeros en la estrategia comunicacional gubernamental.
Hasta el momento, el Gobierno no emitió un pronunciamiento oficial en respuesta a estas declaraciones. El intercambio se produce en un contexto de alta tensión política y económica, marcado por debates sobre política tributaria, control de divisas, lucha contra el narcotráfico y reformas institucionales.
La controversia reaviva la confrontación entre el exjefe de Estado y el actual mandatario, en un escenario donde el cruce de acusaciones vuelve a situar en el centro del debate público la transparencia, la estabilidad económica y la institucionalidad democrática del país.
