El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, anunció la desvinculación de Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, y Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni, luego de que ambos fueran incluidos en la lista de ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos impuso restricciones de visa.
“Se ha agradecido el servicio de los dos funcionarios que trabajan en el Ministerio Público. Es decir, ellos ya no van a formar parte del Ministerio Público”, afirmó Urioste, quien precisó que las resoluciones de desvinculación todavía no habían sido notificadas formalmente.
El Departamento de Estado estadounidense anunció restricciones de visa contra 40 ciudadanos bolivianos, bajo el argumento de que estarían socavando gobiernos democráticamente electos mediante actos de corrupción o narcotráfico. Sin embargo, el comunicado no detalló qué hechos atribuye individualmente a Porras y Balderas.
Urioste señaló que ambos podrían ser objeto de investigaciones y que la Fiscalía está reuniendo elementos para determinar los pasos que correspondan. Aclaró que aparecer en la lista estadounidense no implica automáticamente ser procesado o condenado y que otras personas solo serán investigadas si existen indicios que lo justifiquen.
Balderas fue removido de la Fiscalía Departamental de Beni en septiembre de 2025, después de recibir amenazas de muerte durante la investigación del caso Sebastián Marset. Fue reemplazado por Alexander Mendoza.
Porras, por su parte, había negado hace tres semanas versiones sobre una supuesta aprehensión vinculada al caso Mariaca y aseguró que continuaba ejerciendo sus funciones con normalidad.
Diputados rechazan las sanciones y defienden su inocencia
La decisión estadounidense también alcanza a los diputados Rolando Pacheco y Rafael López, quienes se pronunciaron este jueves para rechazar las implicaciones políticas de la restricción de sus visas y defender su trayectoria.
Pacheco aseguró que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación y pidió que la justicia actúe de manera imparcial.
“Tengo las manos limpias y siempre estaré con la mayor predisposición a cualquier investigación”, manifestó. El legislador atribuyó la medida a intereses políticos y sostuvo que su actuación responde a la defensa de la población y la lucha contra la corrupción.
López, entretanto, afirmó que analiza la decisión con responsabilidad y que está dispuesto a aclarar cualquier situación por las vías correspondientes. También sostuvo que defenderá su honor, su trayectoria y su presunción de inocencia.
Debate por las curules y la disciplina partidaria
Las restricciones de visa abrieron un debate político sobre las posibles consecuencias para los legisladores alcanzados por la medida, incluida la discusión sobre si deberían apartarse de sus cargos mientras se desarrollan eventuales investigaciones.
En el caso de Rafael López, el jefe de Libre, Jorge Tuto Quiroga, pidió apartarlo de su organización, en medio de una disputa interna por la jefatura de bancada.
Por ahora, la inclusión en la lista estadounidense constituye una medida migratoria y no equivale, por sí misma, a una sentencia judicial en Bolivia. La determinación de responsabilidades penales dependerá de las investigaciones y de las pruebas que puedan presentarse ante las autoridades competentes.
