En conferencia de prensa, José Luis Gómez, secretario de Gestión Institucional, aclaró que las recientes especulaciones sobre el convenio intergubernativo para la electrificación carecen de fundamento.
Señaló que el acuerdo “no implica recursos del presupuesto departamental ni del POA, porque el préstamo fue suscrito entre el Banco Mundial y el Gobierno Central con un fin específico, la electrificación sostenible en áreas rurales”. Añadió que, de no firmarse, “los 42 millones de dólares asignados iba a ser revertido o transferido a otra Gobernación que sí suscribiera el contrato”, por lo que su validación era indispensable para no perder la inversión destinada a Santa Cruz.
El secretario precisó que el convenio “solo cede la competencia de forma temporal y exclusiva para la ejecución del proyecto, tal como establece el punto cinco del documento”, y remarcó que una vez concluido, el servicio pasará al operador local. Informó que el proyecto beneficiará a “más de 600 familias, cerca de 10.000 personas que tienen el derecho de contar con electrificación”, subrayando que estas comunidades enfrentan problemas de salud, seguridad y conectividad debido a la falta de energía.
Gómez también aclaró que no se vulneran atribuciones de la Asamblea Legislativa Departamental, “el convenio, aunque está firmado por el gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea”.
Finalmente, rechazó cualquier intento de manipulación política, si la Asamblea no aprueba, se perderá el dinero y las comunidades se quedarán sin luz. “La narrativa de que se ha cedido una competencia amplia es falsa; se trata de un tema específico y por un tiempo específico”, afirmó.
