El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, rechazó este viernes las acusaciones que vinculan al Ejecutivo con el grupo armado que protagonizó el avasallamiento de la propiedad productiva Santa Rita, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. La autoridad calificó de “tendenciosa y malintencionada” la intención de politizar el hecho, en un contexto marcado por la preelectoral.
“Deploramos que se trate de utilizar este hecho lamentable de forma política. No se puede criminalizar ni estigmatizar a las organizaciones sociales ni a autoridades políticas sin fundamentos”, expresó Ríos durante una conferencia de prensa.
Las declaraciones surgen luego de que Melissa Barba, esposa del propietario de Santa Rita, denunciara públicamente que algunos de los presuntos avasalladores aparecen en fotografías junto al exministro de Gobierno y actual candidato presidencial del MAS, Eduardo del Castillo. Las imágenes, difundidas en redes sociales, provocaron polémica y cuestionamientos de actores políticos de la oposición.
Frente a estas versiones, Ríos aclaró que el Gobierno viene sosteniendo reuniones con diversos sectores sociales como parte de los procesos de saneamiento de tierras liderados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las cuales —según remarcó— tienen carácter técnico y buscan generar soluciones concertadas.
“No solo debemos reunirnos con sectores, también tenemos la responsabilidad de restablecer una relación directa con la población. En esas reuniones se ha buscado el diálogo y la solución de conflictos sobre la base de la documentación presentada por el INRA”, indicó.
El ministro advirtió que hay un intento de descontextualizar esas reuniones con fines políticos. “Lo que se ha hecho es buscar soluciones; que el INRA exponga el estado de situación, así como también las partes involucradas, y se pueda llegar a acuerdos que eviten este tipo de enfrentamientos”, añadió.
Intervención policial y control del predio
Ríos recordó que, tras el avasallamiento armado ocurrido días atrás, la Policía Boliviana intervino para retomar el control del predio, liberó a los trabajadores retenidos y evacuó a un herido de bala. El operativo continúa en la zona para garantizar el orden público y avanzar en las investigaciones.
El caso Santa Rita ha escalado en tensión política y social, reabriendo el debate sobre la seguridad jurídica de la tierra, la participación de grupos afines al oficialismo en hechos violentos, y la transparencia del proceso de saneamiento agrario en Bolivia.
