El proceso abierto contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández Saucedo, suma un nuevo actor institucional. El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de la Presidencia, formalizó su apersonamiento como parte coadyuvante en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes.
La acción también alcanza al secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna Camacho, en el marco de la denuncia por supuestas irregularidades en proyectos de pavimentación que han sido calificados por denunciantes como “pavimento fantasma”.
El viceministerio está representado legalmente por Marcelo Yamil García Delfín, quien acreditó su personería mediante la Resolución Suprema N° 32129 del 24 de noviembre de 2025, emitida tras la reestructuración del Ministerio de la Presidencia establecida por el Decreto Supremo N° 5493, norma que incorporó al Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos como sucesor de las competencias del extinto Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
En un memorial dirigido a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, la instancia gubernamental solicitó que se reconozca su personería jurídica dentro del proceso y que se le mantenga informada de todas las actuaciones, diligencias y resoluciones que se emitan.
El apersonamiento se sustenta en el artículo 108, numeral 8, de la Constitución Política del Estado —que establece el deber de denunciar y combatir actos de corrupción—; en el artículo 76, numeral 5, del Código de Procedimiento Penal; y en la Ley N° 974 de 2017, que regula las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Con esta decisión, el Ejecutivo nacional se involucra formalmente en el caso, elevando el perfil político y jurídico de la investigación. El proceso se encuentra en etapa preliminar, a la espera de que el Ministerio Público determine si existen suficientes elementos para una eventual imputación formal.
El caso irrumpe en un contexto preelectoral, lo que anticipa un impacto político adicional en la administración municipal cruceña.
(Con informción de DTV)
