Luego de una reunión sostenida entre la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, el Ministerio de Educación y el Viceministerio de Autonomías, con mediación de la Defensoría del Pueblo, se firmó un acuerdo que define la suspensión del anteproyecto de transferencia de los institutos tecnológicos a las gobernaciones y se acordó la realización de mesas técnicas regionales para su tratamiento.
“Verán que, a partir de la participación de todos los actores en mesas regionales, vamos a construir el nuevo modelo de gestión de los institutos técnicos superiores, esto es fundamental, ya que este modelo de gestión nos va a dar absolutamente insumos para trabajar una nueva ley que nos lleve a mejorar la calidad de la educación de estos institutos técnicos superiores porque así vamos a dar respuesta a todas las demandas de los niveles regionales”, afirmó el ministro de Educación, Erick Sanjinés.
En conferencia de prensa, desde ambientes de la Defensoría del Pueblo, se dio a conocer esta noticia que implica otros tres puntos más en su acuerdo.
Uno de ellos es que “el Ministerio de Educación ratifica el respeto pleno y el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política del Estado, la Ley de la Educación 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez y toda normativa vigente, garantizando una educación única, fiscal y gratuita para todas y todos los bolivianos sin discriminación alguna, rechazando cualquier posibilidad de privatización de la educación en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”.
Además, esta cartera de Estado reconoce y garantiza el respeto pleno e íntegro del reglamento del escalafón del magisterio nacional, aprobado mediante Decreto Supremo 4688, en el que no se permitirá la apertura de profesionales libres a la carrera docente y al ámbito educativo en el subsistema de educación regular, alternativa y especial, así como en las escuelas de formación de maestros.
El Ministerio ratificó su compromiso de fortalecer a las escuelas superiores de formación de maestros a nivel nacional, eliminando toda posibilidad de transferir su administración en favor de las universidades.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ponderó la predisposición del Ministerio de Educación, del Viceministerio de Autonomías y de la dirigencia de los maestros en educación rural quienes participaron desde el lunes en reuniones para construir una salida dialogada.
“Desde el ámbito netamente educativo, tenemos que señalar que estos son los caminos que nos van a ayudar a superar la crisis en la que se encuentra el sistema educativo”, subrayó Sanjinés. /ABI/
