El puente construido por menonitas sobre el río Parapetí se ha convertido ya en un conflicto de poderes. Mientras el Gobierno nacional, a través de Ministerio de Obras Públicas alienta a que se lo legaliza, la Gobernación de Santa Cruz comunica que no concederá la licencia ambiental por considerarlo ilegal y clandestino.
Algunas autoridades y ambientalistas tildan de clandestina la infraestructura, dejando de lado la información que muestra que hubo debate y hasta autorizaciones para su construcción. Ya dijeron los guaraníes que se movilizarán y no permitirán que destruyan el puente de vinculación de esa zona.
“Hace como dos años que empezó a construirse el puente, y era de conocimiento de varios. Hubo constantes malestares y reacciones que estaban a favor y en contra, entre autoridades nuevas que conocieron la obra. Esta nueva gestión del gobierno de la autonomía guaraní heredó el puente en la fase de construcción, y le resultó complejo manejar el conflicto por las aristas que tiene”, admite en la revista Nómadas Leonardo Tamburini, conocido activista.
La Gobernación en un comunicado oficial pide al Ministerio de Obras Públicas no seguir los pasos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que desde el principio sabían de la construcción del puente, lo cual muestra que la obra no se hizo a escondidas, sino con conocimiento de autoridades estatales.
La verdadera pugna detrás de la escena principal es la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Departamental, en la que los indígenas –en este caso guaraníes- tienen representación y han dejado claro que no permitirán la destrucción del puente, con lo cual ni la Gobernación ni el Gobierno nacional hasta se han atrevido a señalar que tumbarán el puente.
