El Gobierno activó una nueva etapa de intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el foco puesto principalmente en la comercialización de carburantes, considerada por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, como uno de los principales problemas que enfrenta la estatal.
“El verdadero problema es la comercialización”, afirmó Zamora, al explicar los alcances del Decreto Supremo N.º 5697 y el trabajo de la Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria.
Según la autoridad, el proceso será gradual y busca proteger los intereses del Estado, fortalecer la capacidad operativa y administrativa de YPFB y transparentar la cadena logística de importación, distribución y comercialización de combustibles.
Más de 630 accesos remotos no autorizados
El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, informó que la estatal entregó toda la información requerida a la comisión interventora y explicó que previamente se realizó un diagnóstico junto al Viceministerio de Transparencia.
El informe detectó factores de riesgo e irregularidades en la logística, recepción y distribución de carburantes.
Entre los principales hallazgos, Daroca mencionó la vulnerabilidad de los sistemas informáticos. Se identificaron más de 630 accesos remotos no autorizados, que posteriormente fueron eliminados, dejando habilitados únicamente los necesarios para las operaciones de la empresa.
También se detectaron problemas en la asignación de combustibles a estaciones de servicio y grandes consumidores, por lo que se trabaja en la automatización y parametrización de los criterios de distribución utilizando series históricas.
Suspensiones y revisión de la cadena logística
La intervención también identificó deficiencias en el personal y en procesos relacionados con el despacho y recepción de cisternas.
YPFB informó que fueron identificados responsables de determinadas irregularidades y que varias personas fueron suspendidas mientras avanzan las investigaciones, con seguimiento del Viceministerio de Justicia.
La estatal anunció además ajustes de procedimientos y la automatización de procesos que actualmente se realizan de forma manual.
Para el Gobierno, la intervención representa una segunda fase de un proceso iniciado semanas atrás y que ahora busca profundizar los controles sobre la cadena de combustibles.
Zamora advirtió que quienes incurran en delitos, tanto dentro como fuera de YPFB, serán denunciados y puestos a disposición de la justicia.
El desafío económico es doble: ordenar la comercialización y garantizar que los carburantes importados lleguen de manera eficiente, transparente y oportuna a los sectores productivos, transportistas y consumidores.
