El analista financiero y candidato presidencial por Nueva Generación Patriótica (NGP), Jaime Dunn, presentó este lunes un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objetivo de revertir su inhabilitación y demostrar su solvencia fiscal. La impugnación fue acompañada por un nuevo certificado emitido el mismo día por la Contraloría General del Estado, que acredita que no tiene deudas pendientes con el fisco.
“Hemos cumplido con todos los requisitos y entregado la documentación solicitada en tiempo y forma. Atendimos las observaciones del Tribunal Electoral y subsanamos la información requerida”, declaró Dunn tras formalizar el trámite.
La semana pasada, la Sala Plena del TSE determinó inhabilitar su candidatura, al considerar que la Contraloría no había emitido el certificado de solvencia fiscal debido a la existencia de procesos en curso registrados a su nombre.
Según explicó su abogado, Benjamín Guzmán, la nueva documentación demuestra que Dunn realizó los pagos correspondientes antes del 25 de junio, cumpliendo así con el plazo legal exigido. No obstante, lamentó que cuestiones burocráticas impidieran que esa información se actualice oportunamente en el sistema de la Contraloría.
“El certificado presentado indica que no existe ninguna deuda inscrita en su contra”, afirmó Dunn, quien también denunció obstáculos administrativos en el proceso. “A pesar de la burocracia y de la pérdida de documentos y carpetas, logramos presentar todo lo requerido”, añadió.
Una de las observaciones señaladas por el TSE estaría relacionada con obligaciones pendientes que Dunn tenía con la Alcaldía de El Alto, derivadas de servicios prestados durante la gestión de José Luis Paredes. El postulante explicó que no fue notificado oportunamente y que, aunque canceló los montos adeudados, el trámite fue dilatado por fallas administrativas.
El recurso interpuesto por Dunn solicita la revisión extraordinaria de la resolución que lo inhabilitó como candidato. El TSE deberá analizar la apelación en Sala Plena y emitir una decisión en un plazo máximo de 15 días, aunque el aspirante pidió que el caso se resuelva en un plazo de 24 horas.