La expresidenta argentina Cristina Kirchner, quien cumple seis años de prisión domiciliaria, y otros ocho condenados por fraude al Estado en la llamada causa Vialidad deberán restituir a las arcas públicas un total de 684.990 millones de pesos. El equivalente a unos 540 millones de dólares, según el cambio oficial actual. El monto, que se conoció este viernes, fue calculado por los peritos de la Corte Suprema e informado a los jueces del caso, quienes les darán 10 días a los condenados para concretar la devolución. Si no lo hacen, la justicia procederá al decomiso de sus bienes.
El fallo de primera instancia, dictado a fines de 2022, consideró probado que durante la presidencia de Kirchner (2007-2015) se concedieron en forma irregular 51 obras públicas viales en la provincia patagónica de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez. El tribunal, cuya sentencia fue ratificada hace un mes por la Corte, condenó a la exmandataria a seis años de detención y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. También declaró culpables a Báez, a un exsecretario nacional de Obras Públicas, tres exdirectores de Vialidad Nacional y a otros tres exadministradores provinciales de Vialidad.
De acuerdo con el fallo definitivo, “la recuperación de todo aquello que fue producto de las maniobras ilícitas […] podría restaurar la lesión causada al bien jurídico y a la sociedad toda”. Por eso, la justicia determinó que los nueve culpables tienen que pagar “según la medida de los respectivos aportes al hecho […], sin perjuicio de lo cual deberán responder solidariamente en caso de que cualquiera de ellos no posea los bienes suficientes para cumplir con su parte proporcional”.
En el momento de la sentencia, los jueces estimaron que “como producto de la colusión en la totalidad de los procesos licitatorios”, más “los sobreprecios con los que fueron adjudicadas las obras”, el perjuicio para el Estado había sido de 84.800 millones de pesos. Esa cifra fue ahora actualizada por Cuerpo de Peritos Contables del tribunal supremo, teniendo en cuenta la inflación de los últimos dos años y medio.
Cuando los jueces del caso reciban los peritajes de partes, estarán en condiciones de poner en marcha los procedimientos administrativos para el recupero del dinero e intimar a los condenados para que depositen los fondos en un plazo de 10 días hábiles. Si no lo hacen, el tribunal avanzará con el decomiso y la ejecución de sus bienes, ya embargados.
En el caso de Kirchner, cuando dejó la función pública, en diciembre de 2023, su declaración patrimonial incluía 249 millones de pesos (el equivalente en dólares, a la cotización de entonces, era de 316.000). La mayoría de las casas y los departamentos de la familia Kirchner, así como tres empresas, fueron donados por la exmandataria a sus hijos en 2016. De todos modos, los fiscales del caso estiman que los bienes cedidos a Máximo y Florencia Kirchner pueden ser decomisados. /ELPAÍS, ESPAÑA/
