Por José Luis Santistevan, abogado constitucionalista
Lo que vive Bolivia es una toma de su institucionalidad por el poder político del MAS. Eso produce una “crisis de Estado”, porque no basta reconstruir un poder, sino, el Estado en su conjunto.
En 39 años de democracia hemos vivido tres crisis de Estado. La primera en 1985, con el acortamiento del mandato de Hernán Siles Suazo y la convocatoria a elecciones, producida por la crisis económica debido al desorden institucional estatal. La segunda crisis de Estado se produce en octubre de 2003 con la “sucesión constitucional atípica”, en la que asume el señor Carlos Mesa con una crisis social debido a la falta de democracia directa y al manejo discrecional de los recursos naturales. La tercera crisis de Estado fue la de octubre y noviembre de 2019, producto del desconocimiento del voto popular y la soberanía del pueblo, el expresidente Evo Morales tomó la justicia para sí y por encima de la Constitución pretendió perpetuarse en el poder.
Las características de las tres crisis de Estado son que los ciudadanos salieron a las calles para defender la democracia y restablecer el estado de derecho mediante el voto en las urnas. Así ha sobrevivido sus crisis el Estado boliviano.
La actual es la extensión de la crisis de 2019 por las siguientes razones: primero, el desconocimiento de los resultados del referéndum 21F y el fraude de octubre 2019 no ha sido resuelto con el castigo a sus responsables. Segundo: el gobierno de transición generó una incertidumbre que produce el regreso de los responsables de la crisis de estado producida el 2019. Tercero, existe un Gobierno actual que sigue el camino de la perpetuidad del poder a través de la construcción de una estructura jurídica para controlar a los ciudadanos y coartar sus libertades y sus derechos políticos.
En la actualidad Bolivia vive una crisis de Estado por las siguientes razones: no existe el modelo republicano, reconocido por constitución, reflejado en la independencia de poderes y de los órganos medulares del Estado; la justicia no solo que nos independiente, es parte operativa del gobierno del MAS y existe un desconocimiento al estado constitucional de derecho que proteje las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. Todos los ciudadanos estamos en indefensión y en manos del poder político, no de la ley.
Existe la imperiosa necesidad de reconstruir la institucionalidad del Estado, que no es otra cosa que la reconstrucción de las siguientes instituciones; JUSTICIA, MINISTERIO PUBLICO, PROCURADURIA, DEFENSORIA DEL PUEBLO, CONTRALORIA, POLICIA NACIONAL Y FUERZAS ARMADAS. La independencia y liberación de estos órganos contribuirá a solucionar la crisis de Estado que vive el país. Por ello, la gente está y estará en las calles. Como lo hizo en 1985, 2003 y 2019.
