La Ley de Modificación a la Ley de Contratos y Convenios municipales 123/2014, que establece que los acuerdos que tengan una inversión igual o superior a los Bs 1.000.000 vuelvan a ser revisados y aprobados por los concejales, quitando así esa potestad al alcalde, irá control al Tribunal Constitucional Plurinacional para saber si procede o no.
Se sabe que los asesores de Jhonny Fernández ya están trabajando en el recurso que enviarán al Tribunal Constitucional, mientras tanto eso se define, en UCS avanzan en la reconfiguración de la correlación de fuerzas en el legislativo municipal para que vuelva a ocurrir aprobaciones de normas sin previa coordinación.
Informaron a URBE.BO que el presidente del Concejo, Israel Alcócer, está arrepentido de haber apoyado la aprobación de la norma, que da poder a los concejales opositores, como a Manuel Saavedra, para participar en la aprobación de contratos millonarios y de obras de la ciudad.
Las que parecen haber sido desahuciadas políticamente son las concejalas Silvana Mucarzel y Gabriela Garzón. En medio de esta crisis política, hay quienes no descartan una posible alianza con los legisladores de Comunidad Autonómica.