Un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela cómo los tentáculos de la Nueva Junta del Narcotráfico (NJN) —a la que el presidente Gustavo Petro menciona con frecuencia como el gran enemigo de Colombia— se han infiltrado en dos equipos de fútbol profesional y al menos cuatro empresas de seguridad privada. El documento detalla cómo estos “narcos invisibles”, herederos de la antigua Junta Directiva del Narco y del negocio de las esmeraldas, se sirven de actividades legales para facilitar sus operaciones ilícitas en Colombia y el extranjero.
En el informe aparece un viejo conocido del mundo del narco: Luis Eduardo Méndez Bustos, abogado penalista y presidente del club Independiente Santa Fe, uno de los principales equipos del fútbol colombiano. Según el informe, su vínculo con la organización se remonta a los años 2000, cuando ejerció la defensa de Julio Lozano Pirateque, entonces líder de la Junta Directiva del Narcotráfico, la estructura criminal de la que ha resurgido la NJN. De aquellos tiempos, los servicios de inteligencia destacan su papel de “testaferro”, el uso del club como fachada y su paso por prisión en Estados Unidos por obstrucción a la justicia en el ejercicio de su labor como abogado de narcotraficantes, como Lozano Pirateque.
La relación entre ambos continuaría vigente. Según el documento, Lozano Pirateque “mantiene nexos” con Méndez Bustos. Fuentes de inteligencia consultadas por EL PAÍS afirman: “Se trata de agentes que trabajan más como asesores jurídicos que en el narcotráfico en sí mismo. El fútbol siempre ha sido un espacio clave para el blanqueo de dinero”.
Consultado por este diario, Méndez asegura desconocer que su nombre figure en nuevos informes de inteligencia. “Mi relación con cualquiera que nombren del narcotráfico es estrictamente profesional, por asesorías que me piden personas que han estado al margen de la ley”, afirma. Añade que “hace tiempo” no tiene contacto con Lozano Pirateque y que las asesorías que ha brindado a narcotraficantes “no son formales ni están relacionadas con el club de fútbol”. “Yo no les pido poderes para representarlos jurídicamente”, explica. “Solo son asesorías, y siempre les aconsejo que se presenten ante la justicia”. Dice, además, que ya ha hablado con el Departamento Nacional de Inteligencia para aclarar las acusaciones.
El nombre de Méndez ha aparecido con frecuencia en expedientes sobre narcoesmeralderos. En 2013, Carlos Alberto Rincón Díaz, alias Chicharrón, declaró ante la Fiscalía que, mientras Estados Unidos investigaba a Lozano Pirateque y Luis Caicedo Velandia por narcotráfico y lavado de activos, estos se reunían en la sede de Santa Fe, en Bogotá. Según el testigo, en esos encuentros también participaba Méndez, entonces presidente del equipo, a quien describió como “la persona que les arreglaba todos los problemas y participaba en narcotráfico”. Investigaciones conjuntas de autoridades colombianas y estadounidenses revelaron que, desde mediados de los 2000, las redes de Caicedo y Lozano, figuras clave del llamado cartel de Bogotá, habrían canalizado al club capitales provenientes de sus negocios ilícitos.
Otro dirigente bajo la lupa fue Édgar Páez Cortés, también abogado penalista y presidente del equipo Tigres F.C., de la segunda división, asesinado en septiembre de 2023 luego de salir de un partido. El informe de inteligencia reseña su supuesta participación en la antigua Junta Directiva del Narcotráfico como responsable de “las operaciones y logística para el transporte de droga al interior del país”. Este diario contactó a su familia, que declinó pronunciarse.
En el caso de Páez, quien también había sido inversionista del Santa Fe, las autoridades investigaron movimientos financieros alrededor del club que dirigía, así como sus posibles nexos con redes dedicadas al narcotráfico y las apuestas ilegales. Aunque no fue condenado, las pesquisas vincularon su homicidio con un ajuste de cuentas del crimen organizado.
Una declaración del sicario que atentó contra su vida y de otros dos testigos permitió a la Fiscalía abrir nuevas líneas de investigación. Según una de ellas, el asesinato fue cometido por la llamada Oficina de San Andresito de la 38, una estructura criminal bogotana asociada desde los años 2000 al Clan del Golfo, el mayor grupo armado del país, y a los narcoesmeralderos de Boyacá, quienes aparecen reiteradamente en el informe de la DNI.
Empresas en el radar
Las empresas de seguridad privada ocupan un apartado relevante en el documento. El informe advierte que varias han sido instrumentalizadas por la NJN para obtener armas legales y certificados de escolta para narcotraficantes. “Algunos integrantes de la NJN habrían usado el sector de seguridad privada para ampliar su poder operativo”, se lee en el texto.
Una de las firmas mencionadas es Hidra Seguridad, constituida en 2022 en Bogotá. La empresa dejó de ser anónima ese mismo año, cuando se conoció que había entregado algunos certificados de escoltas a cuatro integrantes del Clan del Golfo. Su representante legal es Andrés Guillermo Cadena, quien a través de su abogado Alberto Boek responde que la empresa “no tiene ni ha tenido vínculos con la Nueva Junta del Narcotráfico ni las personas que se mencionan”. Explica que quienes obtuvieron las certificaciones lo hicieron “para ser jefes de sus propios esquemas de seguridad“ y afirma que apenas tuvieron conocimiento de sus antecedentes judiciales, suspendieron los permisos. “Es importante aclarar también que la empresa no expide ni está a cargo de los salvoconductos de porte de armas”, señala, para argumentar la falsedad de las acusaciones de gestionar armamento legal a grupos ilegales. “La Superintendencia de Vigilancia nos abrió una indagación por esos hechos y ya está archivada”, concluye.
En los registros de Hidra, señala por su parte la inteligencia, figuran exempleados y contratistas con antecedentes judiciales, entre ellos Dionisio de Jesús Vera Olmos, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y Jorge Luis Blanco Rodríguez, alias El Burro, extraditado por sus nexos con carteles de droga. También aparecen conexiones con el sector esmeraldero, como Edwin Bayardo Molina Castañeda, gerente de Coexminas y nieto de Gilberto Molina, asesinado en 1989 durante la llamada guerra verde.
La segunda empresa mencionada es Seguridad Oriental, cercana a Esmeraldas Santa Rosa, dirigida por Hernando Sánchez y Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Pechuga, ambos asesinados a comienzos de este año en Bogotá. El informe detalla que la compañía obtuvo contratos públicos con el Departamento Administrativo de la Función Pública (471 millones de pesos) y la Secretaría de Educación de Bogotá (35.000 millones). Constituida en 2000, tenía como socios mayoritarios a Aguilar y a su esposa, Luz Mery Mendieta Poveda, quienes controlaban casi el 68% de la sociedad. Tras el asesinato de Aguilar en 2025, la empresa se encuentra en el proceso de sucesión.
Otra firma bajo investigación es Magal Vigilancia y Seguridad Privada, creada en Villavicencio (Meta) y vinculada, según el informe, a Jorge Iván González, alias J la Firma, otro de los presuntos cabecillas de la NJN. También aparece Seguridad Sara Ltda., fundada en 2008 por Jenner Arturo Tapiero y Jorge Oswaldo Castaño, detenido en marzo pasado por presuntamente usar la compañía como fachada para armar a miembros de organizaciones criminales. En 2019, su composición accionarial cambió para incluir a José Manuel Rodríguez Torres, abogado penalista cercano a Mario Uribe, expresidente del Congreso y primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por sus alianzas con paramilitares, y al abogado Diego Cadena, condenado por haber manipulado testigos en favor de Uribe Vélez.
De acuerdo con el informe, esta empresa certificó como escolta profesional a Oliverio Isaza, alias Terror, miembro del Clan del Golfo hasta su asesinato en febrero de 2025. Ese certificado permitía a sus beneficiarios portar armas legalmente. Ese mismo mes, la Fiscalía anunció la extinción de dominio de la compañía, al investigar si operaba al servicio del Clan del Golfo. Según las pesquisas, exigían pagos de entre 10 y 40 millones de pesos a miembros de grupos criminales para incluirlos en su nómina y otorgarles acreditaciones de escolta.
Fuente: ElPaís
