La disputa por las aceras de Santa Cruz de la Sierra se convirtió en una de las primeras pruebas de autoridad para el alcalde Manuel “Mamen” Saavedra. Entre comerciantes que buscan consolidar sus puestos, espacios públicos invadidos y zonas golpeadas por la inseguridad, la Alcaldía intenta imponer una regla elemental: las calles y aceras no pueden convertirse en mercados permanentes sin autorización.
La tensión quedó expuesta durante una inspección municipal en las inmediaciones de la Feria de Barrio Lindo, donde Saavedra encontró a un comerciante que construía una caseta sobre un espacio público. Lo que inicialmente habría sido una ocupación temporal, permitida tras el incendio registrado en la zona para facilitar la actividad comercial mientras se retiraban los escombros, comenzaba a tomar forma de una instalación permanente.
El alcalde cuestionó que se estuviera colocando piso y techo, señales de que el asentamiento podía consolidarse en lugar de desaparecer una vez superada la emergencia.
El diálogo que expuso el conflicto
—Mamen Saavedra: Pero, como le digo, esto se va a deshacer en el momento en que… Le están poniendo piso, le están poniendo techo. Esto no es temporal.
—Comerciante: [El registro proporcionado no contiene una respuesta textual completa del comerciante].
—Mamen Saavedra: Ya ha habido experiencias en esta zona en las que hacen esto y se quedan para siempre. Aquí, a la vuelta, hay muchas situaciones en las que consolidan acá y consolidan allá.
—Mamen Saavedra: No se puede dejar esto. ¿Hasta dónde van a avanzar? ¿Dónde va a terminar esto? Después van a saltar al frente también.
El intercambio reflejó el argumento central del alcalde: permitir que una ocupación excepcional se convierta en permanente puede abrir la puerta a nuevas construcciones sobre áreas destinadas al uso público.
Saavedra también cuestionó la necesidad de mantener el asentamiento y sostuvo que la Alcaldía no debía permitir que la ocupación se extendiera. Durante el recorrido, observó que el comerciante contaba con una camioneta y cuestionó que se presentara la necesidad económica como argumento para mantener la instalación.
—Mamen Saavedra: Bueno, aquí no se pueden quedar. Yo no quiero tener que mandar a la Guardia Municipal y a Planificación para que vengan y tengan que retirarlo. Por favor, por la buena: liberen esto, que esto no es para mercado. Gracias, por favor, le agradezco.
El alcalde optó por una advertencia directa antes de anunciar una intervención coercitiva. Su mensaje fue claro: la autorización temporal no equivale a un permiso para construir un puesto definitivo.
De Barrio Lindo a Los Pozos: una misma disputa
El episodio en Barrio Lindo coincide con los operativos ejecutados en el antiguo mercado Los Pozos, particularmente en el sector conocido como Los Cachis, donde la Alcaldía busca liberar las aceras ocupadas por comerciantes y frenar actividades vinculadas presuntamente con la comercialización de objetos robados.
El concejal Marco Cadena informó que más de 150funcionarios fueron desplegados durante los operativos y anunció que la Guardia Municipal mantendrá presencia permanente para evitar que los vendedores vuelvan a instalar sus productos en las vías públicas.
El objetivo es corregir una práctica que, según las autoridades municipales, debilitó los controles anteriores: los comerciantes retiraban sus productos durante las intervenciones y volvían a ocupar las aceras cuando los funcionarios se marchaban.
“Se han desplegado más de 150 funcionarios a lo largo de estos días y se está desplegando un grupo de guardias municipales que van a permanecer de manera permanente en la zona”, afirmó Cadena.
La intervención comprende controles durante el día, la tarde y la noche, en coordinación con la Policía Boliviana. El municipio considera que la recuperación de las aceras también es una medida de seguridad ciudadana, especialmente en Los Cachis, sector señalado por las autoridades como un punto de comercialización de artículos presuntamente robados.
Multas de hasta Bs 12.000 para quienes incumplan
La Alcaldía también busca endurecer las consecuencias económicas para quienes ocupen ilegalmente calles, avenidas y aceras.
Cadena recordó que la Ordenanza Municipal 50/2004 establece restricciones a la ocupación comercial de las vías públicas. Según su explicación, las sanciones originales van de Bs 150 a Bs 3.500, pero, al actualizarse los montos con base en la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), pueden oscilar entre Bs 500 y Bs 12.000.
El procedimiento contempla advertencias para que los comerciantes retiren los objetos que obstruyen la circulación. Si persiste el incumplimiento, los funcionarios pueden decomisar la mercadería conforme al procedimiento aplicable.
Los propietarios tienen un plazo de 10 días hábiles para solicitar la devolución de los productos decomisados, previo cumplimiento de las condiciones y el pago de la multa, según lo señalado por el concejal.
Sin embargo, el desafío municipal no se limita a retirar mercadería. En Barrio Lindo, el problema adquiere otra dimensión: impedir que una ocupación autorizada excepcionalmente por una emergencia termine convertida en una construcción estable.
El negocio de los objetos robados, bajo la lupa
La intervención en Los Pozos también apunta a la comercialización de artículos de origen ilícito. Cadena sostuvo que la responsabilidad no debe recaer únicamente en quienes cometen los robos, sino también en quienes adquieren los objetos para revenderlos.
“No solamente es culpable el que roba y vende, sino el que compra y luego lo revende”, afirmó, al anunciar que se trabaja en una normativa municipal para regular esa actividad.
Durante los operativos nocturnos, la Policía aprehendió a cinco personas que, de acuerdo con el reporte del concejal, fueron encontradas en flagrancia cuando presuntamente robaban un celular. Los teléfonos fueron recuperados.
La autoridad también recordó que en una intervención anterior fueron aprehendidas otras 34 personas. Estas cifras corresponden a procedimientos policiales reportados por las autoridades y no significan, por sí solas, que todos los aprehendidos hayan sido condenados por delitos.
La coordinación con la Policía resulta necesaria porque algunas intervenciones registraron resistencia y agresiones contra funcionarios municipales, según Cadena.
Los siguientes objetivos: La Ramada, Plan 3000 y otras zonas
El municipio anunció que, una vez consolidado el control en Los Pozos, las intervenciones se extenderán a otros puntos de la ciudad, entre ellos el mercado La Ramada, el Plan 3000, el segundo anillo y la avenida Brasil.
La estrategia busca recuperar la circulación peatonal y evitar que los puestos comerciales se extiendan progresivamente sobre los espacios destinados al tránsito de los vecinos.
Cadena pidió a los comerciantes que no cuentan con un puesto autorizado acudir a la oficina municipal de Espacios Públicos, ubicada en la exterminal, para consultar por los espacios disponibles en los mercados municipales.
Según la autoridad, existen cientos de puestos vacíos que podrían ser utilizados por comerciantes que necesitan desarrollar su actividad dentro de un espacio autorizado.
El llamado apunta a una salida que combine el cumplimiento de las normas con alternativas para quienes dependen del comercio informal. La efectividad de esa oferta, sin embargo, dependerá de la disponibilidad real de puestos, sus costos, las condiciones de acceso y la posibilidad de trasladar a los vendedores sin paralizar sus fuentes de ingreso.
El verdadero examen de Mamen Saavedra
El alcalde intenta instalar una señal política: la necesidad económica no puede convertirse en una autorización automática para apropiarse de las aceras, ni una medida excepcional puede servir como puerta de entrada a asentamientos permanentes.
El episodio de Barrio Lindo expone un problema recurrente en Santa Cruz de la Sierra: cuando una ocupación se tolera durante suficiente tiempo, retirarla puede convertirse en un conflicto social, económico y político mucho más complejo.
Por eso, el reclamo de Saavedra al comerciante que construía una caseta va más allá de una discusión individual. La autoridad busca evitar que el municipio vuelva a enfrentar hechos consumados: primero aparece un puesto provisional; después se instalan el piso y el techo; finalmente, el espacio público queda incorporado de hecho a la actividad comercial.
Pero la advertencia deberá traducirse en resultados verificables. No bastará con desplegar funcionarios durante algunos días, decomisar mercadería o anunciar multas. El reto será mantener despejadas las aceras, aplicar las mismas reglas a todos los comerciantes, impedir nuevas ocupaciones y ofrecer alternativas legales cuando corresponda.
También será fundamental transparentar las autorizaciones concedidas después del incendio en Barrio Lindo, precisar sus límites y verificar qué comerciantes cumplen las condiciones establecidas.
En Los Pozos, la permanencia de la Guardia Municipal será una primera prueba de continuidad. En Barrio Lindo, el municipio deberá demostrar que una autorización temporal no se transforma en un derecho permanente por la vía de los hechos.
La pregunta que queda planteada es si Santa Cruz está ante el comienzo de una política sostenida de recuperación de los espacios públicos o frente a otro operativo que perderá fuerza cuando se retiren las autoridades.
El resultado no se medirá únicamente por las aceras liberadas durante una inspección, sino por la capacidad de la Alcaldía de mantenerlas libres, hacer cumplir las normas sin privilegios y recuperar la confianza de los ciudadanos en el uso común de la ciudad.
