El Gobierno argentino ha logrado este lunes en los tribunales parar, al menos por el momento, la difusión de audios grabados en la Casa Rosada a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y la persona de más poder en la estructura de la gestión ultraderechista. Un juez de primera instancia ha advertido que esas grabaciones podrían afectar por su contenido, al que no ha tenido acceso, “la intimidad y el honor” de la secretaria de la Presidencia y “la seguridad institucional” del país.
En una presentación judicial paralela, el Gobierno denunció que esos audios, y otros anteriores donde un ahora ex alto funcionario revela una presunta red de corrupción interna, forman parte de una “operación de inteligencia ilegal” destinada a “desestabilizar” la democracia argentina. Detrás del complot están, según dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, periodistas y “personas ligadas a los servicios de inteligencia rusos con incidencia de Venezuela”.
La embestida judicial ha sido el primer atisbo de contraataque luego de casi dos semanas en las que Milei y su equipo perdieron el control de la agenda pública y estuvieron paralizados. La crisis se inició con la publicación en un canal de streaming de conversaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, amigo personal de Milei y en ese entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En los audios, el funcionario se quejaba de que no podía desarmar una red de sobornos montada en su cartera para las compras estatales de medicamentos. Spagnuolo contaba a su confidente que el dinero recaudado iba a parar a Karina Milei y su principal asesor, Eduardo Lule Menem. El Gobierno apenas pudo reaccionar: despidió al funcionario, se apuró a denunciar un montaje del kirchnerismo y se abocó a la búsqueda del autor de las grabaciones.
El pasado jueves, durante una caravana previa a las elecciones que este domingo se celebrarán en la provincia de Buenos Aires, Milei dijo que llevaría a Spagnuolo ante la justicia porque era un mentiroso. Pero la realidad fue más rápida que el presidente: el viernes, el mismo programa que había publicado los audios del titular de Andis difundió otros donde Karina Milei alentaba a sus interlocutores a estar unidos. Fue solo un botón de muestra, inocuo en su contenido pero evidencia de que la secretaria de la Presidencia, la persona que es el sostén anímico del presidente y la principal estratega del Gobierno, había sido grabada en su despacho.
En el círculo de poder mileísta entraron en pánico. Karina Milei pidió a la justicia que se detuviese por anticipado la publicación de futuros audios de los que no se sabe siquiera si existen. El juez federal que aceptó su pedido, Alejandro Maraniello, aclaró que lo suyo no era un caso de censura previa, aunque su fallo recibió críticas variadas. El abogado Pedro Caminos, miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, advirtió que el juez no tuvo los audios a su disposición para evaluar un eventual daño al honor de la hermana del presidente. Y recordó que, según la legislación argentina, “ninguna autoridad tiene atribuciones para impedir la difusión de información”. “Si esa difusión provocara un daño (como una injerencia arbitraria en la intimidad), nace la responsabilidad. Siempre después, nunca antes”, escribió en un largo posteo en X.
Si la intención fue parar el escándalo, los argentinos esperan hoy más que ayer escuchar esas grabaciones que tanto preocupan el Gobierno. Y como daño colateral, cualquier difusión futura ya tiene un sello oficial de legitimidad. La prensa local destacó además el perfil del juez responsable de la prohibición. El Consejo de la Magistratura, encargado de controlar el desempeño de los jueces, acumula ocho denuncias contra Marianello, cinco de ellas por acoso sexual contra sus empleadas. En septiembre del año pasado, la Asociación de Empleados del Poder Judicial logró que hubiese un policía dentro del juzgado de Marianello para “resguardar” al personal.
Cuando cundía el desconcierto, la Casa Rosada agitó el fantasma de una gran operación de espionaje internacional en la que puso detrás a los servicios secretos rusos y venezolanos. Para el vocero presidencial, Manuel Adorni, “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”. La ministra Bullrich dijo, para sostener la idea de una operación extranjera, que “los servicios de inteligencia paralelos intentan desestabilizar a aquellos gobiernos que generan una conmoción en el mundo del poder”, como el de Milei, según su lectura.
La conexión local de esa presunta operación serían los periodistas que publicaron los audios, a los que el Gobierno pidió allanar sus casas, y dirigentes vinculados con la Asociación del Fútbol Argentinos —enfrentada a Milei—, y hasta el marido abogado de una diputada libertaria que acaba de romper con la Casa Rosada.
El escándalo de los audios llega en un mal momento para el Gobierno. Al ministro de Economía, Luis Caputo, le cuesta cada vez más mantener el tipo de cambio, que este lunes se acercó peligrosamente a los 1.400 pesos por unidad, el techo de la banda que lo obligaría, si cumple su promesa ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), a vender reservas para mantener con vida al peso. La inestabilidad económica tiene consecuencias aún imprevisibles en el escenario electoral. El domingo se eligen diputados y senadores locales en la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo, y Milei tiene poco para ofrecer más allá de una bajada de la inflación que corre peligro si finalmente se dispara el tipo de cambio.
Los audios de Spagnuolo y el miedo que se filtren conversaciones de la hermana del presidente terminaron por complicarlo todo. El domingo trajo nuevas malas noticias. En la provincia de Corrientes, donde se eligió nuevo gobernador, el partido de Milei, La Libertad Avanza, quedó en cuarto lugar tras negarse a negociar una alianza con el partido que finalmente sacó más del 50% de los votos. /ElPaís/
