Los nueve gobernadores del país unificaron su posición y rechazaron la propuesta del Gobierno nacional de asignar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones. En respuesta, plantearán una redistribución de los ingresos públicos que comience con un porcentaje considerablemente mayor y avance de manera progresiva.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, informó este viernes que existe un acuerdo entre las nueve autoridades departamentales y anunció que emitirán un pronunciamiento público conjunto para fijar su posición frente a la propuesta gubernamental.
Velasco cuestionó que aplicar una redistribución gradual del 1% anual represente una solución insuficiente para atender las necesidades económicas de los departamentos.
«Si vamos al 1% por año, en 15 años no me parece que vamos a tener lo que son nuestros recursos, porque se generan acá. Así que vamos a ir por arrancar un porcentaje que sea distinto, por supuesto que sea mucho más alto», afirmó.
UNIDAD DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS
La autoridad destacó que el principal resultado de las conversaciones fue conseguir una posición unificada entre los nueve gobernadores, lo que permitirá fortalecer la demanda de una nueva distribución de los recursos públicos.
Asimismo, anticipó que buscarán sumar el respaldo de las asambleas legislativas departamentales, comités cívicos, municipios y universidades para impulsar la propuesta.
«Lo importante es que estamos los nueve gobernadores, esa es la fortaleza, nuestra fuerza, y con la Asamblea, el comité, los municipios y la universidad, sé que lo vamos a lograr», sostuvo.
NUEVO ESCENARIO DE NEGOCIACIÓN
El acuerdo de los gobernadores abre un nuevo frente de negociación con el Gobierno nacional y coloca nuevamente en el centro del debate la descentralización económica y la distribución de los ingresos tributarios.
La discusión ya no se limita a aceptar o rechazar el 1% propuesto por el Ejecutivo, sino que apunta a establecer un porcentaje inicial mayor y un mecanismo progresivo que permita incrementar los recursos administrados por las gobernaciones.
La posición conjunta de los nueve departamentos representa un desafío para el Gobierno, que deberá negociar una fórmula de redistribución que responda a las demandas regionales y defina nuevas condiciones de financiamiento para las autonomías departamentales
