El Ministerio Público de Paraguay ordenó este viernes 6 de noviembre de 2026 la detención del expresidente Santiago Peña y del ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, en el marco de una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles relacionados con la crisis financiera de Ueno Bank.
La disposición fue emitida por cuatro fiscales y remitida a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento. Según la orden fiscal, Peña deberá permanecer detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Carvallo, por su parte, deberá cumplir la medida en dependencias policiales.
Denuncian presunta protección a Ueno Bank
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Denuncian presunta protección a Ueno Bank
La investigación se amplió después de una denuncia presentada por legisladores el 5 de noviembre, que incorporó nuevos elementos sobre los presuntos vínculos de Peña y su entorno con el grupo empresarial Ueno.
Entre los hechos denunciados figura que autoridades del Banco Central, principalmente durante la gestión de Carvallo, habrían conocido desde abril de 2026 los problemas financieros de la entidad y no habrían activado oportunamente los mecanismos legales para evitar el deterioro de su situación.
También se investiga la colocación de recursos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú, Yacyretá y otras instituciones estatales en Ueno Bank, así como las decisiones que permitieron esas operaciones.
La Fiscalía paraguaya confirmó oficialmente el 5 de noviembre la apertura de tres causas penales relacionadas con la supervisión y resolución del banco, los fondos públicos depositados y las actuaciones de autoridades y exautoridades estatales.
Crisis política y destitución
El caso Ueno Bank también provocó una crisis institucional en Paraguay. Este viernes, el Senado destituyó a Santiago Peña mediante un juicio político por presunto mal desempeño de funciones relacionado con el escándalo financiero.
Tras su salida, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato hasta agosto de 2028, según informó Associated Press.
La orden de detención constituye una medida dentro de una investigación penal y no representa por sí misma una condena. La Fiscalía deberá establecer las eventuales responsabilidades individuales de los investigados.
Fuentes: Ministerio Público de Paraguay, ABC Color y Associated Press.
