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lunes, septiembre 27, 2021
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Municipio denuncia por seis delitos a Angélica Sosa y dos de sus colaborades; pide alerta migratoria

Conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, falsedad material y falsedad ideológica son los delitos por el cual exautoridades municipales han sido denunciadas formalmente ante la Fiscalía de Distrito por la nueva gestión del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
Adriana Pedraza, directora de Transparencia, informó que la exalcaldesa interina, Angélica Sosa; la exsecretaria de Finanzas, Sandra Velarde, además del exdirector de Recursos Humanos, Javier Cedeño deberán rendir cuentas ante la justicia por la contratación ilegal de 530 funcionarios eventuales.
Los contratos cuentan con fecha entre marzo y abril de la presente gestión hasta el 31 de diciembre de 2021 y que suman el monto de Bs 2.965.268 en salarios y que por las irregularidades que fueron realizados no podrán ser pagados al no contar con certificación presupuestaria.
Además, se encontraron 591 funcionarios que no cumplían con los requisitos para su contratación: 281 sin título profesional y 310 sin libreta de servicio militar.

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Sandra Velarde, exsecretaria de Finanzas de la Alcaldía, también está denunciada por supuestos contratos ilegales.


Luego de haber analizado el presupuesto anual para contratos eventuales de la gestión 2021, se comprueba que con la cantidad vigente de personal contratado 7.550 más la cantidad de 85 contratos en tránsito y 40 contratos que no firmaron, se tiene un déficit proyectado de Bs 153.662.531,77, vale decir que se excede el presupuesto programado en ese monto, según se establece en el informe legal de Recursos Humanos.
Por otra parte, la denuncia señala que se ha evidenciado que 1.205 personas de planta con ítem, entre enero y marzo de 2021, no marcaron su asistencia a la fuente laboral, quienes fueron liberados en su momento por Cedeño.
Pedraza informó que, como medidas preventivas, se ha solicitado al Ministerio Público que se disponga alerta migratoria mediante requerimiento ante las autoridades de la Dirección General de Migración contra los denunciados con el objetivo de asegurar su presencia en el país teniendo conocimiento que son personas que realizan viajes al exterior y sea para que respondan a la presente denuncia.

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