Por José Luis Santistevan Justiniano, abogado constitucionalista
El llamado “proceso de cambio” comenzó a mostrar su verdadero fin cuando el poder político decidió desconocer el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), avalado posteriormente por la cuestionada Sentencia Constitucional 0084/2017 y coronado con el fraude electoral de 2019. Aquella trilogía de vulneraciones abrió las puertas a una etapa de resistencia ciudadana que marcaría un hito en la historia reciente del país.
La resistencia como modelo
Nuestro espíritu de lucha —que sustenta nuestro modelo— se materializó en la resistencia de los 21 días, que impidió la consolidación del proyecto masista: un esquema devastador del Estado, sostenido por el delito, el narcotráfico y la toma del sistema judicial.
Años después, esa misma fuerza se manifestó en los 36 días de paro ciudadano que buscaban frenar los intentos del actual gobierno de Luis Arce de desconocer nuestros derechos. La respuesta del centralismo fue recurrir a fiscales y jueces para armar procesos y perseguir a los líderes regionales.
Dos décadas de persecución
Durante 20 años hemos resistido persecuciones, procesos judiciales, encarcelamientos y exilios. Luis Fernando Camacho, gobernador electo y líder cruceño, se convirtió en símbolo de esa persecución, convertido en un “trofeo político” mediante casos delictivos fabricados por una justicia sometida al poder central.
Paralelamente, nuestras tierras fueron avasalladas, la biodiversidad destruida y las autonomías vaciadas de contenido. Hoy, las esquirlas de esa política siguen presentes en las manos de avasalladores que continúan actuando al margen de la ley. A ellos debemos poner fin con herramientas democráticas y jurídicas.
Un nuevo modelo de Estado
El cambio en la representación política dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional mostró que los ciudadanos ya no quieren ineptos ni deshonestos en la administración pública. Es el momento de reconstruir un nuevo modelo de Estado, basado en las autonomías y orientado hacia el federalismo.
Ello implica liberar las autonomías en tres dimensiones:
- Control territorial: gestión plena de tierras, bosques, minería, áreas protegidas y biodiversidad.
- Descentralización institucional: transferencia a las regiones de entidades nacionales como INRA, ABT, SERNAP, SENASAG, INIAF, ABC, Mutún, Puerto Busch, Viru Viru Hub, entre otras.
- Descentralización de servicios y justicia: salud, educación, vivienda, Policía, SEPREC, exportaciones, Defensoría del Pueblo, justicia, Ministerio Público, INE, Procuraduría, entre otros.
A estas medidas se debe sumar la autonomía fiscal, condición indispensable para garantizar el desarrollo regional y la administración eficiente de los recursos.
Una reforma constitucional impostergable
De manera inmediata, Bolivia debe concertar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado para transformar la justicia, redefinir las competencias autonómicas y sentar las bases de un nuevo modelo económico.
Libertad y federalismo
Cualquiera sea el gobierno que asuma en el futuro, nuestra lucha será siempre derrotar al centralismo. Porque nuestra causa es la libertad y nuestro horizonte es el federalismo. La historia nos da la razón y el tiempo confirma que la sangre y el espíritu cruceño jamás se doblegan.
José Luis Santistevan Justiniano (Procesado por el centralismo)
