Una vez más, el sistema público de salud en Santa Cruz se paraliza. El Sindicato de Trabajadores en Salud anunció un nuevo paro de 120 horas —cinco días sin atención médica— desde el lunes 4 de agosto, afectando consultas externas, cirugías programadas y exámenes clínicos en hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Solo se atenderán emergencias.
La medida es una respuesta al incumplimiento del pago del bono de vacunación, una deuda que reconocen las autoridades, pero cuyo calendario de desembolso sigue sin definirse. Sin embargo, la protesta castiga, como siempre, a los más vulnerables: los pacientes, especialmente en provincias, donde el acceso a servicios privados es limitado o inexistente.
Durante la última semana de julio ya se paralizaron actividades por 72 horas. Familias enteras esperaron en vano atención médica, mientras decenas de pacientes quedaron en lista de espera para cirugías, laboratorios y tratamientos de enfermedades crónicas.
¿Dónde queda el derecho a la salud?
Que los trabajadores de salud reclamen lo que se les debe es legítimo. Pero usar como rehenes a enfermos, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas es inadmisible. La salud no puede seguir siendo el campo de batalla de conflictos administrativos y políticos.
Las autoridades departamentales tienen responsabilidad por su demora, pero también el sindicato debe asumir que un paro prolongado no es una solución, sino un agravamiento de la crisis. La ciudadanía merece atención médica y respeto, no estar atrapada entre dos intransigencias.
Mientras se anuncian “brigadas médicas gratuitas” como paliativo, miles de personas seguirán peregrinando por una consulta. Y en Santa Cruz, otra vez, se posterga el acceso efectivo a un derecho humano esencial: la salud.
