La cartera de créditos para vivienda de interés social registró, por primera vez en más de diez años, una contracción interanual, según el último reporte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) al 31 de agosto de 2025.
De acuerdo con los datos oficiales, el monto destinado a este segmento alcanzó los 30.400 millones de bolivianos, frente a los 31.578 millones reportados en agosto de 2024. La variación implica una caída del 3,7%, que rompe con la tendencia ascendente observada desde 2012, cuando este producto comenzó a consolidarse dentro de las políticas de inclusión financiera implementadas durante el gobierno de Evo Morales.
Una década de crecimiento sostenido
El crédito de vivienda social empezó a cobrar relevancia en 2013, cuando apenas se contabilizaban 2.852 millones de bolivianos. Desde entonces, el crecimiento fue acelerado: en 2014 alcanzó 4.186 millones, en 2015 llegó a 6.841 millones y en 2016 superó por primera vez los 10.000 millones.
El dinamismo continuó en los años siguientes. En 2017 la cartera sumó 16.392 millones, en 2018 subió a 21.815 millones y en 2019 dio el salto más importante al situarse en 26.084 millones. Con ello, se consolidó como uno de los pilares de la política de inclusión financiera.
Durante la década de 2020, el crecimiento fue más moderado. En 2020, pese al impacto de la pandemia, la cartera llegó a 27.491 millones; en 2021 se situó en 29.111 millones y en 2022 en 31.316 millones. Entre 2023 y 2024 se estabilizó en torno a los 31.800 millones, lo que ya mostraba señales de estancamiento.
Factores detrás del retroceso
Según el análisis de la ASFI, el retroceso registrado en 2025 responde a la combinación de varios factores: la menor liquidez del sistema bancario, la desaceleración económica y la reducción de depósitos. Estos elementos limitaron la capacidad de las entidades financieras para expandir los créditos de largo plazo destinados a vivienda de interés social.
Con este resultado, el país rompe una racha de más de una década de crecimiento sostenido en este segmento, lo que plantea nuevos desafíos para la política de acceso a vivienda en los próximos años.
