El gobernador Luis Fernando Camacho atiza la polémica desatada por la construcción del puente sobre el río Parapetí al destituir al subgobernador de la provincia Cordillera y presentar una acción penal por la supuesta ilegalidad. Asegura que Santa Cruz y sus autonomías indígenas no son suficientes para autorizar este tipo de construcciones y obras viales.
Sin embargo, Camacho reconoce oficialmente que constató que la obra cuenta con las autorizaciones de instituciones estatales como la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el INRA, y por las autoridades del municipio y originarias – guaraníes del lugar.
“De acuerdo al informe, se trata de un sitio Ramsar compuesto por propiedades privadas, zonas indígenas y públicas, como son las riberas de los ríos, por lo tanto, Camacho afirmó oficialmente que para la construcción del puente se ha procedido de manera irregular, y peor aún, se constató que la obra cuenta con las autorizaciones de instituciones estatales como la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el INRA, y por las autoridades del municipio y originarias – guaraníes del lugar”, señala un comunicado oficial de Comunicación de la Gobernación.
La primera autoridad departamental considera que los menonitas, sin ningún fundamento legal, procedieron a construir 14 kilómetros (k) de camino y casi 200 metros de la infraestructura del puente desde octubre de 2020. “(…) Santa Cruz y sus autonomías indígenas no son suficientes para autorizar este tipo de construcciones y obras viales, ¡la única autoridad competente para poder autorizar este tipo de obras es el Gobierno Departamental”, remarcó.
La Gobernación cruceña señala que no ha emitido ninguna autorización para la construcción, ni de los 14 k de carretera ni de los casi 200 m del puente sobre el río Parapetí, ya que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en sus artículos 345 y 347, el incumplimiento de las normas de protección medioambiental y de ejecución de actividades que generen perjuicio del medio ambiente son pasibles a responsabilidades civil y penal.
Camacho argumenta que la construcción de este puente ilegal y del camino hacia el mismo con los 14 k, ha sido atropellando leyes nacionales, como la 1333 de Medio ambiente, y la Ley Departamental 98 de Conservación de Patrimonio Natural y Departamental de Santa Cruz.
En la parte administrativa, ha derivado en la destitución del subgobernador de la provincia Cordillera, bajo el argumento de que las autoridades departamentales tienen la obligación constitucional de alertar sobre las ilegalidades cometidas y cuidar del patrimonio de todos los cruceños. “Si bien este es un problema que viene de 2020, vamos a hacer ajustes instituciones internos, removiendo el personal que sea necesario que hubiera estado dentro de esto, o que por incapacidad o negligencia”, lamentó el gobernador.
