La escalada de asesinatos, sicariato y violencia armada en distintos puntos de Santa Cruz llevó este miércoles a las autoridades departamentales a tomar una decisión de mayor alcance: crear un Comando Conjunto de Lucha contra el Crimen Organizado con base principal en San Ignacio de Velasco.
La determinación fue adoptada por el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, presidido por el gobernador Juan Pablo Velasco, que cerró su sesión con siete acuerdos destinados a reforzar la respuesta del Estado frente al narcotráfico, el sicariato, la violencia armada y las estructuras del crimen organizado.
La intervención tendrá inicialmente una duración de seis meses, aunque podrá ampliarse por otros 12 meses, según establece la resolución aprobada.
El objetivo es concentrar capacidades policiales y militares para recuperar el control territorial en las zonas consideradas de mayor riesgo, particularmente en la frontera con Brasil y en municipios como San Ignacio de Velasco, San Matías y Puerto Quijarro.
La estrategia también contempla intervenir otros puntos que sean identificados mediante el denominado “mapa de calor criminal”, herramienta que permitirá focalizar las operaciones en las áreas con mayor incidencia delictiva.
Una respuesta a la violencia armada
La decisión se produce después de una sucesión de hechos violentos registrados en el departamento, especialmente en municipios fronterizos y en San Ignacio de Velasco, donde los asesinatos y hechos atribuidos al sicariato generaron preocupación entre las autoridades y la población.
Ante este escenario, el Consejo declaró como prioridad departamental inmediata la lucha contra el sicariato y el crimen organizado.
La respuesta no se limitará a operativos policiales. La resolución plantea una acción coordinada entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, con énfasis en prevención, inteligencia, investigación criminal y control territorial.
La apuesta es pasar de intervenciones aisladas a una estructura conjunta con presencia permanente en las zonas consideradas estratégicas.
Inteligencia contra las estructuras criminales
Uno de los principales componentes del plan será el fortalecimiento de las labores de inteligencia y contrainteligencia.
Para ello, el Consejo solicitó al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Defensa reforzar las unidades especializadas encargadas de identificar y desarticular organizaciones criminales.
La investigación deberá apuntar no solamente contra quienes ejecutan los hechos violentos, sino también contra autores materiales e intelectuales, financiadores y redes vinculadas al sicariato y al crimen organizado.
La resolución busca así ampliar el foco de la persecución penal: no solo llegar al ejecutor de un crimen, sino avanzar sobre las estructuras que financian, coordinan y sostienen las actividades ilícitas.
Combustible, equipos y logística
El despliegue de efectivos también requiere recursos.
Por ello, el Consejo determinó priorizar y agilizar, a través de la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana, los procesos destinados a dotar de bienes y equipos a la Policía Boliviana, dentro de las normas vigentes y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
La resolución contempla además garantizar la logística necesaria para sostener los operativos conjuntos, incluyendo combustible, equipamiento y alimentación para los efectivos movilizados.
Otro de los planteamientos apunta a gestionar ante las autoridades competentes la asignación temporal de inmuebles y vehículos incautados al narcotráfico, para que puedan ser utilizados exclusivamente por la Policía y las unidades militares que participen en las operaciones.
Armas decomisadas y control de motocicletas
El paquete de medidas también incorpora una solicitud al Ministerio Público para gestionar, conforme a la normativa vigente, la entrega de armas decomisadas o bajo custodia judicial a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
La finalidad es fortalecer la capacidad operativa de las instituciones encargadas de combatir el sicariato y el crimen organizado.
En paralelo, el Consejo planteó promover la aprobación de leyes municipales que obliguen al uso de chalecos reflectivos con el número de placa visible para conductores y acompañantes de motocicletas.
La medida busca facilitar la identificación de quienes circulan en estos vehículos y convertirse en una herramienta adicional de prevención y control.
San Ignacio, epicentro de la nueva estrategia
Con los siete acuerdos aprobados, el departamento busca articular una respuesta institucional frente a una modalidad delictiva que ha incrementado la preocupación ciudadana.
La elección de San Ignacio de Velasco como base principal del Comando Conjunto coloca al municipio en el centro de la nueva estrategia de seguridad, particularmente por su ubicación fronteriza y su conexión con otras zonas consideradas sensibles.
El gobernador instruyó que la resolución sea remitida al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Comando Departamental de la Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y demás instituciones involucradas, para su conocimiento, coordinación y cumplimiento dentro de sus respectivas competencias.
Ahora comienza la etapa decisiva: convertir los siete acuerdos en presencia efectiva del Estado en las zonas donde la población reclama mayor seguridad.
