Por Nazario
En la historia política reciente de Bolivia, Santa Cruz ha pasado de ser percibido como el motor económico del país a convertirse en un actor electoral decisivo. Las elecciones del próximo 17 de agosto se desarrollarán en un escenario en el que el departamento oriental no solo concentra el mayor dinamismo productivo, sino también el mayor peso demográfico del padrón nacional, lo que le otorga un poder de definición inéditamente alto en la política boliviana.
Un peso que se mide en votos y en historia reciente. La fuerza electoral de Santa Cruz no es una hipótesis: está respaldada por hechos concretos. En el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), el 60,44% de los votos cruceños se pronunció por el “No” a la reelección presidencial, una cifra que marcó tendencia en la región y que contrastó con el resultado nacional. Tres años después, en las elecciones generales de 2019, Carlos Mesa obtuvo en el departamento el 46,84% de los votos, frente al 34,76% de Evo Morales, confirmando una inclinación política distinta al promedio del país.
Estos resultados se sustentan en un padrón electoral en constante crecimiento. En 2015, Santa Cruz tenía 1.557.979 electores, frente a los 1.700.216 de La Paz. Para las elecciones de 2019, Santa Cruz sumó 1.789.230 votantes, un incremento del 12%, mientras que La Paz creció un 8%. La diferencia en el ritmo de crecimiento es clave: en el último proceso de empadronamiento, Santa Cruz incorporó 111.596 nuevos registros, casi el doble que La Paz (63.620).
Hoy, según el Servicio de Registro Cívico (Serecí), Santa Cruz encabeza el padrón nacional con 2.071.967 electores, superando por un estrecho margen a La Paz (2.047.825) y dejando más atrás a Cochabamba (1.443.013). Este hecho, sumado a su centralidad económica, configura un cambio estructural en el mapa político del país.
Construcción de identidad política. El peso electoral de Santa Cruz no solo se explica por su número de votantes, sino también por su capacidad de movilización. Uno de los hitos recientes fue la reacción ciudadana tras el 21F, que desembocó en las protestas de los “21 días” en 2019. Aquellas movilizaciones, protagonizadas en gran medida por la clase media urbana, consolidaron una identidad política más activa, articulada y dispuesta a influir en el rumbo nacional.
Es una acumulación de hechos y circunstancias: crecimiento demográfico, migración interna, liderazgo cívico y capacidad de organización. Elementos que han moldeado un electorado que no solo vota, sino que también se moviliza y condiciona la agenda política.
Entre prejuicios. A pesar de su peso creciente, Santa Cruz arrastra una carga de percepciones negativas instaladas desde hace décadas en el imaginario de otras regiones: la idea de que es un territorio exclusivo de élites, separatistas o racistas. Estos prejuicios han sido utilizados como barrera política, incluso frenando la proyección de líderes cruceños a nivel nacional. Sin embargo, el avance de los datos demográficos y el rol protagónico en la economía están obligando a replantear esta narrativa.
La campaña electoral de 2025 ya no podrá ignorar que Santa Cruz es la nueva bisagra política de Bolivia. No se trata solo de un “bastión opositor” o de la región más productiva, sino del departamento con la mayor capacidad de definir el resultado de una elección nacional.
El 17 de agosto será una prueba para la madurez política de Bolivia y para la capacidad de sus actores de entender que el mapa electoral ha cambiado. Santa Cruz no es un actor periférico ni una pieza más del tablero; es, por números y por historia reciente, el centro de gravedad que puede inclinar la balanza. El candidato o fuerza política que logre interpretar sus demandas, integrar su diversidad y romper las barreras del prejuicio, tendrá en sus manos la llave de la victoria.
