La audiencia de revisión de detención preventiva de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari fue declarada en cuarto intermedio hasta este martes, tras presentarse una solicitud de cese de detención en el caso Golpe de Estado I o violencia y muertes en 2019.
El procurador del Estado, Ricardo Condori, consideró que se debe cumplir la ley y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de investigar y sancionar a los responsables de las masacres de 2019, y anular los riesgos procesales que dieron paso a la detención preventiva.
También advirtió sobre vulneraciones al Código de Procedimiento Penal, porque la defensa de Camacho cambió de estrategia en el último momento de la audiencia, por lo que se declaró un cuarto intermedio hasta las 08h30 de este martes.
“Mañana nos están llamando una vez más, de manera muy confusa, primero a que se defina el tema del artículo 250 y, obviamente, concordante con el instructivo que ha emitido el Tribunal (Supremo de Justica) y, paralelamente, porque han presentado, a último momento, una solicitud de cesación a la detención preventiva en una hojita, en una plana.¿Qué clase de abogado responsable presente en una plana?”, cuestionó.
La audiencia fue convocada en cumplimiento de una instructiva de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 21 de agosto, que ordenó una revisión de los plazos legales de la detención preventiva de Camacho, Pumari y de Jeanine Áñez.
Camacho y Pumari están en pleno juicio por el caso Golpe de Estado I y no en la fase preparatoria, mientras Áñez cumple una condena de 10 años por la forma que asumió la presidencia en 2019.
La determinación que beneficiaba a estos tres privados de libertad generó protestas por parte del resto de la población carcelaria, pues más del 65% de éstos están con detención preventiva. Ante esa situación, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, emitió un nuevo instructivo ordenando organizar jornadas de verificación de plazos de la medida cautelar de detenciones preventivas.
Sin abordar la decisión de la presidencia del TSJ, el procurador afirmó que se debe cumplir con el Código de Procedimiento Penal y las determinaciones asumidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar y castigar a los responsables de las masacres de 2019, donde los principales acusados son Camacho, Pumari y Áñez.
Pero, además, sugirió a la defensa del también gobernador de Santa Cruz fundamentar sus peticiones de cesación de detención, porque para solicitarla deben anular los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, como también de Pumari.
“Yo no soy el abogado de la otra parte, pero como, en cualquier caso, tienes que presentar documentación que enerve esos riesgos que han dado lugar a la detención preventiva. Si no lo hacen, no podemos forzar a la autoridad judicial ni forzar la ley para dejarlos libres cuando no cumplen con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal”, defendió el procurador.
Condori anticipó que este martes, “seguramente, observaremos lo que tengamos que observar en audiencia”, porque “en absoluto no se están cumpliendo con los parámetros establecidos en el Código de Procedimiento Penal, que para los abogados penalistas es una Biblia que tenemos que cumplir”. /ABI/
