La crisis en el Concejo Municipal de Santa Cruz entró en su tercer día de vigilia con concejales y vecinos apostados en el edificio legislativo, mientras el Comité pro Santa Cruz decidió asumir un rol protagónico en un conflicto que evidencia una pugna abierta de poder entre el Ejecutivo municipal y parte del Legislativo.
El presidente cívico, Stello Cochamanidis, afirmó que en la sesión prevista para este martes “se conocerá quiénes están con Santa Cruz y quiénes con la corrupción”, respaldando así la vigilia de concejales y grupos vecinales que rechazan la directiva electa por Unidad Cívica Solidaridad (UCS).
El bloque liderado por el concejal José Alberti, acompañado por sus colegas Marcelo Vidaurre, Rubén Federico Morón y Karina Orihuela, acusa al alcalde Jhonny Fernández de intentar controlar el Concejo para aprobar un crédito superior a 600 millones de bolivianos, al que califican de innecesario y riesgoso para las finanzas del municipio.
Sin embargo, el tono de la protesta, que se mantiene pacífica dentro del edificio, refleja más que un simple rechazo administrativo: es la muestra de la parálisis política en la que cayó la institucionalidad municipal, ahora reforzada por la presencia cívica que, lejos de mediar, ha tomado partido en un enfrentamiento con claros tintes políticos.
Los cívicos, encabezados por Cochamanidis y sus vicepresidentes, no solo ofrecieron su respaldo, sino que anunciaron que estarán presentes en la próxima sesión. Con ello, el conflicto adquiere una nueva dimensión, trasladando una disputa local al terreno de la presión social y la polarización, un estilo ya conocido en la historia reciente de Santa Cruz.
Al final de la jornada, Alberti acusó al alcalde Fernández de haber aprobado por decreto el Plan Operativo Anual (POA) 2026, lo que calificó como una vulneración al rol fiscalizador del Concejo. Mientras tanto, la vigilia continúa y los concejales opositores aseguran que no permitirán la “toma” del Legislativo.
El pulso entre el oficialismo municipal, la oposición edil y los cívicos no solo anticipa un martes de alta tensión, sino que revela cómo las disputas de poder terminan afectando la gobernabilidad local y alejando la posibilidad de consensos en beneficio de la ciudad.
