El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció presuntas irregularidades que habrían generado un daño económico al Estado superior a Bs 870 millones, en un caso que involucra a la empresa INDUESTE, representada legalmente por Henry Nelson Ibáñez Padilla, además de otras 14 personas identificadas dentro de la investigación.
Según la autoridad, el caso está relacionado con recursos destinados a la provisión de aceite para la producción de biodiésel, que habría sido cobrado por la empresa sin que posteriormente se concretara la entrega comprometida a YPFB.
García informó que ya fueron presentadas dos denuncias ante el Ministerio Público contra los involucrados. Sin embargo, cuestionó que hasta la fecha los procesos no habrían avanzado de manera efectiva en la Fiscalía, pese a la magnitud del presunto perjuicio económico.
El viceministro también señaló que, como parte de las acciones destinadas a recuperar los recursos públicos presuntamente afectados, los denunciados habrían entregado dos terrenos.
No obstante, advirtió que esta medida no garantizaría necesariamente el resarcimiento del Estado, debido a que los predios entregados no serían embargables, lo que dificultaría convertir esos bienes en una garantía efectiva para recuperar los recursos.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio el manejo de recursos públicos vinculados a la producción de biodiésel y la provisión de materias primas para YPFB, en momentos en que el Estado busca reducir la dependencia de combustibles importados y fortalecer la producción nacional de biocombustibles.
La denuncia plantea ahora dos interrogantes centrales: qué ocurrió con los recursos desembolsados y por qué, pese al presunto daño millonario denunciado, las investigaciones fiscales no habrían avanzado hasta establecer responsabilidades y garantizar la recuperación del dinero público.
