El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló el juicio penal contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por el denominado caso Porvenir, al considerar que se vulneró el debido proceso y que correspondía un juicio de responsabilidades en lugar de un proceso ordinario.
La decisión fue asumida 17 años después de que se iniciaran las investigaciones por los hechos ocurridos en septiembre de 2008, cuando una violenta confrontación en la localidad de Porvenir, en el departamento de Pando, derivó en la muerte de al menos 13 personas. En ese entonces, Fernández ejercía como prefecto y fue acusado de haber instigado o permitido el ataque contra una marcha de campesinos, en el marco de una escalada de tensión política entre sectores afines al Gobierno central y autoridades regionales opositoras.
En 2017, Fernández fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de homicidio. No obstante, el TSJ estableció ahora que, debido a su calidad de autoridad departamental en funciones al momento de los hechos, debía ser sometido a un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, y no a un proceso penal ordinario en sede judicial.
La resolución fue confirmada por el magistrado del TSJ, Carlos Alberto Ortega, quien explicó que se vulneró la garantía del juez natural, principio esencial del debido proceso. La información fue difundida por el periodista Iván Ramos para la red Erbol.
La base legal de la decisión se apoya en la Ley 2445, vigente al momento de los hechos, que disponía que los prefectos departamentales —designados o electos— debían ser juzgados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones mediante juicio de responsabilidades. Aunque esta norma fue posteriormente abrogada, su aplicación retroactiva fue reconocida por el máximo tribunal en este caso.
Leopoldo Fernández permaneció privado de libertad en diferentes modalidades —incluida la detención preventiva y domiciliaria— hasta que, en 2019, obtuvo su libertad irrestricta. La anulación del proceso reaviva el debate sobre las garantías judiciales en casos de alto perfil político en el país.
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