El jefe del equipo económico de la alianza Libre, Ramiro Cavero, informó que se adelantan gestiones con organismos internacionales para garantizar, en la primera semana de un eventual gobierno de Jorge Tuto Quiroga, la llegada de 1.000 millones de dólares destinados a normalizar el suministro de combustibles y eliminar las filas en surtidores.
Cavero explicó en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol que esos recursos estarían disponibles entre el 8 y 16 de noviembre y asegurarían la importación de combustibles al menos por cuatro meses, mientras se aplican medidas estructurales para resolver el problema de manera definitiva.
El jefe del equipo económico adelantó que se mantendrá la subvención diferenciada: para el transporte público habrá un subsidio con estrictos controles mediante chips instalados en los motorizados que registren kilómetros recorridos y consumos en estaciones de servicio; mientras que los precios para privados se ajustarán a valor internacional para evitar el contrabando.
Según Cavero, los 1.000 millones de dólares provendrán de distintas fuentes: 330 millones a través de una ventanilla ágil del Fondo Monetario Internacional (FMI) —la misma utilizada por el gobierno de Jeanine Añez y luego devuelta por Luis Arce—, además de financiamiento del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), la CAF y el BID.
El equipo económico de Libre proyecta estas medidas ante la posibilidad de que el actual gobierno deje al país sin reservas internacionales ni combustibles, lo que ya está provocando largas filas, incertidumbre en el sector productivo y pérdidas económicas. Una de las soluciones previstas es permitir la importación de combustibles por parte del sector privado.
En cuanto a la harina, Cavero confirmó que se mantendrá la subvención para garantizar el pan de batalla como alimento básico, pero con un sistema más transparente de distribución que evite denuncias de favoritismo o exclusión.
Finalmente, el jefe del equipo económico señaló que un eventual gobierno de Tuto Quiroga aplicará medidas para reducir el gasto en el sector público, al que atribuye parte de la presión inflacionaria que eleva los precios de productos de la canasta familiar, como carne, huevos y otros alimentos esenciales. /Erbol/
