La investigación financiera sobre Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, amplía su radio de acción. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó 19 inmuebles en La Paz y Santa Cruz que estarían vinculados al investigado, mientras la Fiscalía y el Gobierno profundizan la búsqueda del origen, titularidad y administración de esos bienes.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la pesquisa todavía no permite establecer de manera definitiva el patrimonio de Marcelo Arce y que existen nuevos elementos que deben ser contrastados.
Pero la investigación ya dejó de concentrarse únicamente en los bienes registrados directamente a nombre del investigado.
El Ministerio de la Presidencia informó que la investigación por legitimación de ganancias ilícitas fue ampliada a cuatro presuntos testaferros de los hermanos Arce Mosqueira, debido a que algunas propiedades y otros activos aparecerían registrados a nombre de terceras personas, aunque existirían indicios que los relacionarían con Marcelo Arce.
19 inmuebles y un terreno de 500 hectáreas
Entre los bienes que son objeto de investigación aparecen propiedades ubicadas en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Uno de los casos que concentra la atención es un terreno de aproximadamente 500 hectáreas en Villamontes, Tarija, además de departamentos y otros inmuebles.
En Santa Cruz también se investiga un proyecto inmobiliario que contemplaría la construcción de un edificio con más de 50 departamentos.
“Hay mucho todavía por investigar”, señaló García al referirse a la magnitud de la pesquisa.
La ruta también pasa por vehículos y dinero
La investigación no se limita a propiedades. Las autoridades también siguen movimientos de dinero en efectivo, transferencias internacionales y adquisiciones de vehículos.
Entre los motorizados mencionados figuran un BMW modelo 2025, un GAC, una Ford Ranger y una Toyota Land Cruiser.
Asimismo, García señaló que existen movimientos bancarios por alrededor de Bs 20 millones, además de adquisiciones cuyo valor y procedencia todavía son materia de investigación.
Otro elemento que forma parte de la pesquisa son las transferencias de dólares hacia Uruguay, que deberán ser verificadas para establecer su origen, destino y eventual relación con los hechos investigados.
Documentos encontrados en los allanamientos
Los allanamientos realizados durante la investigación también aportaron documentación que ahora es analizada por la Fiscalía.
Entre los elementos encontrados figuran contratos, registros de facturación, documentación relacionada con vehículos, consumo de combustible y antecedentes de bienes registrados a nombre de terceras personas.
Uno de los casos mencionados por el Viceministerio de Transparencia corresponde a un inmueble ubicado en Equipetrol, Santa Cruz.
Según la explicación oficial, durante la investigación se encontró un contrato de alquiler registrado a nombre de un excompañero de trabajo de Marcelo Arce en YPFB, aunque el investigado presuntamente habría ocupado el inmueble.
Para los investigadores, este tipo de documentación es relevante porque puede ayudar a establecer quién figura formalmente como propietario o arrendatario y quién tendría realmente el uso, administración o beneficio del bien.
También investigarán la detención domiciliaria
La actuación de las autoridades alcanzará incluso al ámbito judicial.
García anunció que solicitará una investigación al juez que otorgó detención domiciliaria a Marcelo Arce, decisión que será objeto de revisión dentro de las actuaciones anunciadas por el Gobierno.
La pesquisa, sin embargo, todavía se encuentra en desarrollo. La existencia de bienes, cuentas, contratos o movimientos financieros vinculados documentalmente a terceras personas no determina por sí misma la responsabilidad penal de Marcelo Arce ni de los presuntos testaferros, extremo que deberá ser establecido por la investigación fiscal y, eventualmente, por la autoridad judicial.
El caso avanza así sobre una pregunta central: quién es realmente el propietario o beneficiario de los bienes investigados y de dónde provinieron los recursos utilizados para adquirirlos.
Mientras la UIF rastrea el patrimonio y los movimientos financieros, la Fiscalía deberá contrastar esa información con contratos, registros públicos, operaciones bancarias y otros elementos de prueba para determinar si existe una estructura destinada a ocultar la verdadera titularidad de los bienes.
