Santa Cruz de la Sierra vuelve a enfrentar cuestionamientos sobre la legalidad de sus procesos urbanísticos. Un caso en investigación judicial revela que una urbanización abierta fue aprobada utilizando la identidad de una persona fallecida, lo que abre dudas sobre posibles fallas estructurales en los controles administrativos del Gobierno Autónomo Municipal.
De acuerdo con el expediente NUREJ 70439180, radicado en un juzgado civil de la capital cruceña al que tuvo acceso La Estrella del Oriente, el proceso gira en torno al uso del poder notarial Nº 531/2017, emitido por la Notaría de Fe Pública Nº 9. Dicho documento fue otorgado en vida por Dorian Brunn Sciaroni a favor de Christian Bruun Aguilera el 4 de julio de 2017.
Sin embargo, pese a que Brunn Sciaroni falleció el 5 de octubre de 2020, su nombre aparece vinculado a la tramitación de una urbanización abierta sobre un terreno ubicado en la zona norte, Distrito Nº 2, Unidad Vecinal 15, con una superficie de 1.702,49 metros cuadrados. La aprobación se concretó mediante la Resolución Administrativa Nº 48/2022, firmada el 9 de septiembre de 2022 por la entonces secretaria municipal de Planificación, Andrea Daza Justiniano.
El punto central de la denuncia sostiene que, dos años después de su fallecimiento, el ciudadano habría figurado en actuaciones administrativas, incluyendo la presentación de solicitudes dentro del proceso municipal, lo que podría configurar un uso irregular de su identidad o de instrumentos legales derivados de ella.
El caso se agrava por la situación del terreno. Según la denuncia, la superficie urbanizada no formaba parte de la propiedad original del fallecido. Una sentencia previa habría definido derechos a favor del Automóvil Club Santa Cruz sobre predios colindantes, lo que, según los denunciantes, refuerza la presunta irregularidad en la aprobación municipal.
Los herederos de Arnoldo Justiniano Arias y Marcela Suárez Castro, quienes figuran como propietarios legítimos del inmueble registrado en Derechos Reales bajo la matrícula Nº 7.01.1.99.0046179, formalizaron la denuncia a finales de marzo ante instancias municipales. Alegan vulneración de la propiedad privada y posible fraude administrativo.
Hasta la fecha, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. La ausencia de respuesta institucional incrementa las dudas en torno a los mecanismos de fiscalización y control aplicados durante la gestión saliente.
Los denunciantes exigen la anulación inmediata de la resolución administrativa y una revisión integral de los trámites urbanísticos aprobados en los últimos años, advirtiendo que este caso podría evidenciar un patrón más amplio que compromete la seguridad jurídica en el municipio.
