El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad concreta contra el Decreto Supremo 138 de 2009, norma que establece a La Paz como sede obligatoria para juzgar ciertos delitos como terrorismo y sedición. Esta acción fue presentada por los abogados Reinerio Vargas y José Luis Santistevan, dentro del proceso penal por el caso del paro cívico de 36 días en Santa Cruz. Según la demanda, esa norma vulnera el derecho al juez natural y otras garantías constitucionales, ya que obliga a llevar el juicio en La Paz, aunque los hechos ocurrieron en Santa Cruz.
El Tribunal determinó que los argumentos presentados son válidos y que existe una duda razonable sobre la constitucionalidad del Decreto Supremo. Por eso, mediante el Auto Constitucional 0032/2025-CA, resolvió admitir la acción y paralizar el proceso penal mientras se estudia si la norma es o no compatible con la Constitución. Esto afecta directamente al caso conocido como “paro cívico”, en el que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho es uno de los principales acusados.
El líder político Vicente Cuéllar celebró este lunes la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de admitir la Acción de Inconstitucionalidad Concreta contra el Decreto Supremo 138 de 2009, medida que, según afirmó, paraliza el proceso penalrelacionado con el caso del paro cívico de 36 días y evidencia la ilegalidad de la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
Para Cuéllar, la situación actual confirma que la detención de Camacho carece de sustento jurídico firme y responde más a intereses políticos que a la aplicación imparcial de la ley
Con esta decisión, el proceso judicial por el cual Camacho se encuentra detenido queda suspendido hasta nuevo aviso. En términos legales, esto significa que su detención, al estar basada en un proceso ahora paralizado, no tiene validez mientras no se resuelva la constitucionalidad del decreto impugnado. El Tribunal también ordenó notificar al presidente del Estado, Luis Arce, para que presente sus argumentos dentro del plazo de 15 días.
