El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, formalizó este martes una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, por presunto sobreprecio en la compra de crudo mediante contratos suscritos con la empresa Trafigura.
Según la autoridad, la documentación presentada como prueba evidenciaría un daño económico al Estado que alcanzaría los 12 millones de dólares en un periodo de tres meses, equivalente a un sobreprecio aproximado de cuatro millones de dólares mensuales. “Los contratos están firmados. Que no le mientan al país”, declaró Lara, al sostener que los documentos fueron suscritos por la propia autoridad denunciada.
El vicepresidente informó que, además de la denuncia formal, se solicitó la aprehensión y detención preventiva del titular de YPFB, argumentando riesgo de obstaculización en la investigación. A su criterio, la permanencia de Akly en el cargo podría derivar en la alteración de información, desaparición de documentación o influencia sobre testigos.
La denuncia —indicó— se sustenta en el artículo 174 de la Constitución Política del Estado, referido a las atribuciones del vicepresidente, y en el artículo 108 numeral 8, que establece el deber ciudadano de denunciar y combatir actos de corrupción. “De no denunciar, sería cómplice y encubridor”, afirmó.
Durante su intervención, Lara también cuestionó la actuación del presidente del Estado, Rodrigo Paz, señalando que, ante presuntas irregularidades y denuncias vinculadas a combustible de mala calidad, correspondía la destitución de autoridades y el inicio de procesos penales. No obstante, aclaró que su posición no responde a una confrontación política, sino a una postura contra hechos de corrupción.
Asimismo, sostuvo que la empresa contratada no habría cumplido con los requisitos exigidos y que el proceso se realizó mediante invitación directa, sin convocatoria pública ni competencia abierta. En ese contexto, vinculó el presunto sobreprecio con la coyuntura económica actual, marcada por el incremento de combustibles y el endeudamiento público.
Lara precisó que la denuncia inicial está dirigida contra el presidente de YPFB por su calidad de firmante de los contratos; sin embargo, anticipó que se solicitarán actos investigativos adicionales y que otros funcionarios podrían ser convocados a declarar. “Todo aquel que le ha robado a la patria va a devolver hasta el último centavo”, concluyó.
