La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de abrogación de la Ley 1720 con dos disposiciones transitorias y devolvió la norma a la Cámara de Diputados, en medio de protestas y bloqueos registrados en distintas regiones del país. La sesión se realizó con presencia de marchistas campesinos e indígenas de Pando y Beni.
“Queda aprobada la presente ley, por tanto debe ser devuelta a la Cámara de Diputados para considerar las modificaciones introducidas en esta Cámara”, señaló el presidente del Senado, Diego Ávila, quien luego declaró un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 09:00.
Las disposiciones transitorias establecen que, en un plazo no mayor a 60 días, las cámaras de Senadores y Diputados deberán concertar un nuevo marco normativo que defina procedimientos, coordinaciones y salvaguardas para que la pequeña propiedad agraria pueda acceder a beneficios mediante procesos técnicos, administrativos y legales voluntarios, preservando la exclusión de áreas protegidas.
Además, el texto señala que el proceso de concertación deberá garantizar la participación de entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificadas.
Durante el debate, el senador Wilder Veliz cuestionó la devolución de la norma a Diputados y afirmó que “es jugar” con los marchistas.
El tratamiento de la ley fue aprobado por mayoría tanto en su estación en grande como en detalle.
La senadora Claudia Mallon afirmó que sectores “ultrarradicales” tergiversaron el espíritu de la norma, mientras que el senador Branko Marinkovic apoyó la abrogación, aunque pidió que cesen las presiones políticas y anunció que impulsarán una nueva propuesta regionalizada.
Más temprano, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aceptó la abrogación como una medida para contribuir a la pacificación del país.
La movilización contra la Ley 1720 fue impulsada inicialmente por marchistas de Pando y Beni, quienes llegaron a La Paz en rechazo a la norma, aunque posteriormente otros sectores se sumaron con demandas propias, como la COB, que exige incremento salarial, y organizaciones campesinas de La Paz, que incluso piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. /Erbol/
