El Gobierno nacional trasladó el foco del ajuste fiscal hacia las gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas, al considerar que el nivel central ya realizó una reducción significativa del gasto público y que ahora corresponde a las administraciones subnacionales adecuar sus finanzas a la caída de ingresos.
Bolivia cerró la gestión 2025 con un déficit fiscal equivalente al 12,2% del Producto Interno Bruto (PIB), y la administración del presidente Rodrigo Paz busca reducir ese indicador al 9% durante 2026.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, aseguró que el Gobierno central disminuyó en un 30% el gasto corriente no esencial mediante recortes en publicidad, viajes, viáticos, compras menores y la no renovación de contratos de personal considerado no indispensable. Sin embargo, sostuvo que ese esfuerzo ya no es suficiente para continuar reduciendo el déficit.
Según la autoridad, el principal desafío ahora recae sobre los gobiernos subnacionales, que mantienen estructuras administrativas diseñadas para la época de mayor bonanza de los hidrocarburos, cuando recibían elevados ingresos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
“Tienen muchas deudas, ingresos que han venido a la baja y una burocracia acomodada a los recursos que recibían hace diez años. No han reducido su estructura, pero tampoco cuentan hoy con los ingresos de ese periodo”, afirmó Espinoza.
Propuesta de corresponsabilidad
Como parte de la estrategia fiscal, el Ejecutivo impulsa la propuesta denominada 50/50, que plantea una nueva relación entre el Gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías basada en la corresponsabilidad.
El plan contempla ordenar las deudas de las entidades territoriales, redefinir competencias, evitar la duplicación de proyectos de inversión y mejorar la coordinación entre los distintos niveles del Estado. El ministro aclaró que la iniciativa no busca transferir mayores recursos a las regiones, sino optimizar el uso de los fondos públicos.
Espinoza explicó que actualmente existen casos en los que el Gobierno central, una gobernación y una alcaldía financian proyectos similares en una misma zona, como obras de riego, generando superposición de inversiones y un uso ineficiente de los recursos.
“No es que habrá menos recursos para la inversión pública, sino recursos más eficientes”, sostuvo.
Observaciones a las regiones
El titular de Economía también señaló que, técnicamente, no considera viable la propuesta del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, de coparticipar el Impuesto a las Transferencias (IT), al considerar que ese tributo es distorsivo e incluso debería eliminarse.
Asimismo, insistió en que ninguna gobernación o alcaldía está exenta de problemas financieros y que, antes de solicitar mayores recursos, deben ordenar sus cuentas fiscales.
El Ejecutivo prevé iniciar este debate el próximo 5 de agosto, cuando sostenga una reunión con los gobernadores en Sucre, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo nacional para racionalizar el gasto público sin afectar la inversión en servicios esenciales como salud, educación e infraestructura. /LaRazón/
