El Congreso Extraordinario de los agropecuarios de Bolivia, reunido este jueves en Warnes, asumió una posición institucional frente al Decreto Supremo 5676 y dio plazo hasta este domingo al Gobierno de Rodrigo Paz para abrogar la norma que establece en Bs 18 por litro el precio del diésel para los grandes consumidores.
La determinación fue asumida con la participación de representantes de distintos sectores productivos del país y en presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, además de otras autoridades.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, informó que, si el Gobierno no abroga el decreto hasta el domingo, el sector acudirá el lunes al Comité Pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad, instancia en la que se podrían definir nuevas acciones.
“Si hasta el día domingo no está abrogado el decreto, nos apersonaremos a nuestro Comité Pro Santa Cruz el día lunes para pedirle una Asamblea de la Cruceñidad”, afirmó Frerking.
La dirigencia agropecuaria sostuvo que el sector productivo necesita certidumbre y reglas claras para continuar trabajando y rechazó que el Decreto 5676 sea simplemente modificado. La demanda, según Frerking, es su abrogación.
“La única forma de salir de esta crisis económica es trabajando”, señaló.
El presidente de la CAO cuestionó además que la aplicación de la norma, a su criterio, haya generado mayores niveles de corrupción, mercado negro y especulación en torno al combustible.
Frerking también respondió al argumento del Gobierno de que la eliminación del decreto no solucionaría por sí sola la escasez de diésel. Señaló que garantizar el abastecimiento en las estaciones de servicio es responsabilidad del Ejecutivo y planteó flexibilizar las normas para permitir una mayor participación privada en la importación y comercialización de combustibles.
“No estamos pidiendo privilegio, estamos pidiendo que nos dejen trabajar”, afirmó.
La eventual convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad no es automática. La solicitud será evaluada por el directorio del Comité Pro Santa Cruz, que deberá definir si convoca a esta instancia y, eventualmente, qué medidas institucionales asumir frente a la política de precios y abastecimiento de diésel.
Con esta resolución, el sector agropecuario fija un plazo político e institucional al Gobierno hasta el domingo, mientras advierte que el conflicto podría trasladarse al ámbito cívico cruceño desde el lunes.
