La inversión de $us 6,3 millones realizada por YPFB Transporte para ampliar y reforzar el puente aéreo del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY) sobre el Río Grande trasciende la dimensión de una obra de ingeniería. Representa, en términos económicos, una inversión destinada a proteger la continuidad de una infraestructura crítica para Bolivia: el sistema que permite transportar gas natural desde importantes campos productores hacia los mercados y plantas estratégicas del país.
El dato central merece una lectura más amplia. El puente aéreo tuvo que ser ampliado en 800 metros, pasando de 2.100 a 2.900 metros, después de que el Río Grande invadiera aproximadamente 600 metros del derecho de vía durante la temporada de lluvias. El episodio evidencia cómo los fenómenos naturales pueden convertirse rápidamente en un problema económico cuando afectan activos vinculados directamente con la producción, el transporte y la comercialización de energía.
El caso también muestra que la seguridad energética no depende únicamente de producir gas o conseguir combustibles, sino de mantener en condiciones operativas la infraestructura que conecta los puntos de producción con los centros de procesamiento y consumo.
El GSCY, con más de medio siglo de operación y un diámetro de 24 pulgadas, transporta parte de la producción proveniente de San Alberto, San Antonio e Incahuasi. Su importancia se explica por su conexión con tres dimensiones fundamentales de la economía boliviana: el abastecimiento del mercado interno, los compromisos de exportación y el suministro de gas a la Planta de Separación de Líquidos Río Grande.
Por eso, cuando una torre del puente presentó una severa inclinación mientras el ducto transportaba gas a una presión de 930 psig, el problema dejó de ser exclusivamente técnico. Una eventual ruptura habría podido generar consecuencias económicas mucho mayores que el costo de la reparación: interrupciones en el transporte, afectación al suministro, pérdidas de producción y mayores presiones sobre un sistema energético que ya enfrenta importantes desafíos.
La respuesta adoptada revela una lógica económica conocida: invertir antes de que ocurra una emergencia puede resultar mucho menos costoso que pagar las consecuencias de un colapso.
La construcción de nuevos pilotes de hasta 30 metros de profundidad y 1,20 metros de diámetro, el reforzamiento de las fundaciones y la ampliación de la estructura representan recursos destinados a reducir riesgos futuros. En otras palabras, los USD 6,3 millones no solamente pagan una obra física; compran mayor seguridad operativa para un activo estratégico.
El costo invisible de no invertir
En economías dependientes de los hidrocarburos, existe una tendencia a medir la infraestructura únicamente por su capacidad de generar ingresos. Sin embargo, un gasoducto también tiene un valor económico cuando evita pérdidas.
Un ducto que funciona correctamente puede parecer invisible para la población. Pero cuando deja de operar, sus efectos pueden sentirse en industrias, plantas de procesamiento, generación eléctrica, exportaciones y recaudaciones públicas.
Por eso, la inversión en mantenimiento, prevención y resiliencia debería formar parte de una política energética de largo plazo y no ser considerada simplemente como un gasto operativo.
El episodio del Río Grande plantea además una pregunta inevitable: ¿cuánto deberá invertir Bolivia en adaptar su infraestructura energética a eventos climáticos cada vez más extremos?
La respuesta será particularmente importante para un país cuya infraestructura de hidrocarburos atraviesa ríos, quebradas y zonas expuestas a procesos de erosión y crecidas. La prevención tendrá que adquirir un peso cada vez mayor dentro de los presupuestos de las empresas estratégicas.
Una inversión que protege más que un gasoducto
La conclusión de las obras, incluida la limpieza, restauración y recomposición del derecho de vía afectado por la erosión, permite mirar el proyecto desde otra perspectiva.
No se trata únicamente de reconstruir una estructura dañada. Se trata de preservar la continuidad de una red energética que sostiene actividades económicas y compromisos comerciales.
En un contexto en el que Bolivia necesita cuidar cada dólar destinado al sector energético, los USD 6,3 millones pueden ser vistos como una inversión significativa. Pero también deben ser evaluados frente al costo potencial de una interrupción del GSCY.
La verdadera eficiencia económica no consiste siempre en gastar menos. Consiste en gastar oportunamente para evitar pérdidas mayores.
El Río Grande recordó que la infraestructura energética también tiene que luchar contra la naturaleza. Y la ampliación del puente aéreo del GSCY demuestra que, en materia energética, la prevención, la ingeniería y el mantenimiento también son parte de la seguridad económica del país.
