El Gobierno elevó el tono frente a la posibilidad de nuevos bloqueos y conflictos sociales. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, defendió la ampliación por otros 90 días del estado de excepción por conmoción interna y advirtió que, si la situación lo hace necesario, el Ejecutivo podría recurrir a un estado de sitio, la militarización y el uso de la fuerza constitucional.
“De ser necesario se va a dictar estado de sitio”, afirmó Gálvez al justificar la decisión del Gobierno de solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la continuidad de la medida.
El vocero fue más allá y sostuvo que, ante un escenario de mayor conflictividad, “se va a utilizar la fuerza constitucional, se va a militarizar y se van a conculcar los derechos que constitucionalmente están en el marco de la ley permitidos, porque hay que resguardar al pueblo boliviano”.
El Gobierno dice que persisten las amenazas
Gálvez argumentó que las condiciones que llevaron al Ejecutivo a declarar el estado de excepción todavía permanecen. Recordó que Bolivia enfrentó anteriormente 53 días de bloqueos, con consecuencias sobre el abastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno.
Según el vocero, durante los primeros 90 días de vigencia de la medida no se llegó a ese extremo y los conflictos registrados fueron atendidos mediante el diálogo.
“En lugar de criticar que el estado de excepción no usó la fuerza, militarizó, debemos celebrar los bolivianos de que no hubo necesidad de usar el estado de sitio”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió que las amenazas no han desaparecido.
“Las amenazas de bloquear, de poder privar de la circulación y de romper el orden constitucional siguen vigentes”, afirmó.
“No nos podemos permitir el lujo de estar bloqueados”
El Ejecutivo sostiene que la ampliación busca evitar que el país vuelva a enfrentar problemas de abastecimiento y garantizar la continuidad de las actividades económicas.
“No nos podemos permitir el lujo de estar bloqueados, de tener que mendigar por los alimentos, de tener que mendigar por el oxígeno y los medicamentos y el alimento en general y las cosas que necesitamos”, manifestó Gálvez.
El vocero también afirmó que durante los últimos 90 días se garantizó una de las principales demandas de la población: trabajar.
“Le puedo garantizar que el 99% de los bolivianos lo que quiere es tener la libertad de trabajar”, aseguró.
Asamblea tiene la última palabra
La ampliación no depende únicamente del Ejecutivo. El Gobierno aprobó un decreto supremo y remitió la solicitud a la Asamblea Legislativa, que deberá analizarla y decidir si la autoriza o la rechaza.
Gálvez explicó que los legisladores tienen 72 horas para tratar la solicitud y que, al tratarse de una ampliación, el procedimiento es diferente al de la declaratoria inicial.
De acuerdo con la explicación del vocero, la aprobación requiere una mayoría simple de los parlamentarios presentes.
Si la Asamblea rechaza la solicitud, el escenario también está definido, según Gálvez: “En el hipotético caso de que no lo aprueben tratando la solicitud se terminará el estado de excepción”.
La duda sobre las 72 horas
Sin embargo, queda abierta una interrogante institucional: qué ocurre si la Asamblea no trata la solicitud dentro del plazo establecido.
Gálvez planteó el escenario en el que los legisladores no incorporen el tema en agenda, no lo consideren y transcurran las 72 horas.
“Y ahí serán los constitucionalistas, los juristas, los parlamentarios los que tendrán que darnos la respuesta”, señaló.
Así, la decisión queda ahora en manos del Legislativo, mientras el Ejecutivo advierte que, si la conflictividad escala y las circunstancias lo requieren, está dispuesto a recurrir a medidas de mayor contundencia para garantizar la circulación, el abastecimiento y el orden interno.
